El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha asegurado sobre el anteproyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo que éste debería contemplar sanciones penales por abortar fuera de plazo (después de las 22 semanas) porque, de lo contrario, la futura norma estaría en "desventaja" respecto a la Ley de Protección Animal, que incluye penas para quienes matan animales de determinadas especies.
"El problema es que si es puramente una sanción administrativa nos encontraríamos en desventaja con los animales, ya que la muerte de determinadas especies acarrea sanciones penales. Eso también hay que tenerlo en cuenta", advirtió el máximo responsable de la institución en una entrevista concedida a Europa Press.
No obstante, descartó una pena de cárcel para quienes practiquen el aborto después de las 22 semanas, pero si consideró la posibilidad de imponer una sanción penal "ligera". "Habrá que ver cada caso, pero la cárcel no", aclaró.
Asimismo, manifestó su conformidad con una reforma de la normativa actual sobre la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, una 'ley de plazos', "tal y como se establece en la mayoría de los países europeos". "Soy partidario de los plazos, pero con matices", apostilló.
"Conviene pensar que los que somos partidarios de los plazos no nos gusta el aborto, y creo que a las mujeres que van a abortar tampoco, sino que se ven necesitadas de abortar -indicó-. Si somos capaces de crear un contexto social y económico en el que no puedan abortar, no lo harían", advirtió el Defensor.
Consenso "a posteriori"
Sobre el consentimiento paterno para las menores de 16 años que decidan abortar, el Defensor del Pueblo afirmó que si bien es la mujer la que tiene que decidir, también ésta debería informar a sus padres. "Que se lo comunique a sus padres, pero que jamás el intento de los padres por procurar que desista de abortar sea el tener o no el consentimiento para abortar", indicó el Defensor.
"A veces, se encuentran en la situación de unos padres que están en la metafísica de que el aborto es pecado mortal y por tanto no dan su consentimiento a las hijas", aseguró para insistir en que "no son los padres los que abortan, sino la hija" y que, por tanto, "es ésta la que tiene que disponer".
Múgica también valoró la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de no informar sobre proyecto de ley por falta de acuerdo, asegurando que este consenso puede ser "a priori y a posteriori". "La actual normativa de interrupción voluntaria del embarazo no tuvo consenso previo y ahora, cuando unos grupos políticos y sociales proponen otra, algunos dicen que quieren quedarse con la vieja norma", concluyó.