La presidenta del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, apuntó este lunes ante el juez a las Consejerías insulares de Economía y Ordenación del Territorio en la pasada legislatura, al frente de las cuales se encontraban Miquel Àngel Flaquer y Bartomeu Vicens, como responsables de idear las cláusulas del concurso convocado en 2005 para adjudicar los terrenos de Can Domenge y que en estos momentos se encuentra bajo investigación judicial por presuntas irregularidades en la enajenación de los solares.
Así lo manifestó la entonces presidenta del Consejo de Mallorca ante el magistrado Francisco Javier Muñoz, instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), al ser preguntada por quién se encargó de determinar el clausulado, respecto a lo cual responsabilizó a ambos departamentos aunque sin apuntar directamente a Flaquer o a Vicens, también imputados en este procedimiento, según señalaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Sin embargo, en relación con el ex vicepresidente del Consejo, Miquel Nadal, recordó que no tenía responsabilidades ejecutivas, pese ser quien firmó el inicio del expediente de contratación para la adjudicación de la finca así como el pliego de cláusulas en sustitución de Munar, que se encontraba de baja por enfermedad, tal y como el propio Nadal ya señaló en su comparecencia como imputado el pasado 30 de abril.
Munar, asistida por el letrado Gabriel Garcías, compareció durante más de dos horas ante el juez, los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, y los abogados personados en la causa. Durante la vista, los representantes del Ministerio Público expresaron por su parte su extrañeza por el hecho de que si la intención del Consejo era obtener la máxima financiación, no se empleó la fórmula de la subasta.
Mientras tanto, el asistente legal de Munar, a su salida de las dependencias de la principal instancia judicial de las islas, manifestó que la declaración de su patrocinada "ha ido muy bien" mientras que en relación a los cargos exactos que se le imputan, aseveró que son los que constan en la querella que interpuso Josel S.L. -perteneciente al grupo Núñez y Navarro-, sociedad que ofreció 60 millones de euros por los solares aunque finalmente fue la UTE formada por Sacresa Terrenos y Promoción S.L. y Construcciones Pedro Francisco Ferrá Tur la adjudicataria pese a pagar 30 millones.
En concreto, la querella atribuye los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales a, entre otros, Maria Antònia Munar y a aquellos miembros del pleno del 30 de diciembre de 2005 que dieron su voto a favor de la adjudicación de los terrenos.
Munar llegó a las 9.50 horas al TSJIB entre los gritos y abucheos de más de medio centenar de personas congregadas a las puertas de las dependencias judiciales, que vociferaban "No a la corrupción, Munar dimisión", "Munar a prisión", "ladrona" y "corrupta", mientras que ella permanecía impasible saludando y lanzado besos a los allí presentes.
Mientras tanto, varios miembros de la formación regionalista, entre ellos el presidente Miquel Àngel Flaquer, también hicieron acto de presencia para ofrecer su apoyo a la presidenta balear. También ellos recibieron numerosos improperios, de los que "chorizos" y "sinvergüenzas" fueron los más escuchados.
También asociaciones como Círculo Balear, con su presidente Jorge Campos al frente, se congregaron en protesta contra Munar, al tiempo que los Jóvenes de EU pidieron que "recapacite y no espere a que haya sentencia sino que dimita por todo lo que ha demostrado hasta ahora". "Tienen los bolsillos llenos y encima se ríen de nosotros", comentaba por su parte uno de los ciudadanos en alusión a los cargos de UM que acudieron para respaldar a la presidenta de Honor de su partido.
Una vez finalizada su declaración, Munar emplazó a los periodistas a desplazarse hasta el Parlament, donde subrayó que el hecho de tomar decisiones y tener responsabilidades en política "implica en algún momento tener algún problema", lo que conlleva que "cualquier ciudadano pueda interponer una querella" en contra de estas resoluciones, tal y como sucedió en este procedimiento, iniciado después de que Núñez y Navarro acudiese a tribunales para denunciar las presuntas irregularidades.
Cabe recordar que el TSJIB asumió la causa después de que el Juzgado elevase a la máxima instancia judicial de las islas una extensa exposición razonada en la que la jueza Mari Carmen González determinó que el Decreto aprobado por el Consejo de Mallorca el 30 de diciembre de 2005 para adjudicar la finca iba dirigido a "un fin preordenado de satisfacer intereses no legítimos" y constituyó una "conculcación flagrante de las normas con una finalidad torticera y ajena a los intereses generales".