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la norma entra en vigor con gran oposición

Murcia no acatará la ley del aborto hasta que se pronuncie el Constitucional

La ley del aborto ha entrado en vigor sin que el TC haya decidido aún si la suspenderá cautelarmente. El alto tribunal ha aceptado ya los recursos interpuestos por el PP y el gobierno de Navarra. La Región de Murcia no ve "razones para acatarla" hasta que se pronuncie el TC.

LD / EFE

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que "no hay razones para acatar" la Ley del Aborto que este lunes entra en vigor, puesto que la norma "todavía no está en su punto final".

Valcárcel, en declaraciones a los periodistas al término de la reunión en Madrid de la Junta Directiva Nacional del PP, ha indicado que ésta es la opción que maneja su Gobierno ante la aplicación desde este lunes de la Ley del Aborto, que el partido ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Por ello, el presidente murciano ha opinado que esta norma no ha llegado todavía a su "punto final", a la espera del pronunciamiento del alto tribunal.

La consejera de Salud de Navarra, María Kutz, ha confirmado que este territorio "cumplirá la ley" y "garantizará" los abortos a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral como venía ocurriendo hasta ahora.

La portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, ha estado En casa de Herrero. Allí ha remarcado la idea de que la ley de Aído supone una Ley del aborto libre, "de una perversidad tremenda", donde se lanza el mensaje de que el aborto puede ser utilizado como un "método anticonceptivo más".

Según Moneo, todavía "estamos a tiempo de que el TC se pronuncie" y suspenda la norma cautelarmente. De hecho pidió al alto tribunal que lo haga con celeridad. "¿Qué ocurriría si después de producirse abortos el TC dice que es anticonstitucional, qué pasaría con esas vidas?", se preguntó la dirigente popular. "Hay que pedir al TC que la suspenda cautelarmente para que no sólo en las comunidades autónomas del PP no se aplique esta ley sino en toda España".

También ha estado en los micrófonos de esRadio,Gádor Joya, portavoz de la asociación Derecho a Vivir, quien ha denunciado "los nuevos coladeros" que introduce la nueva ley. Para Joya, "Bibiana Aído y las feministas han vuelto al mensaje retrógrado, al feminismo radical que está desmantelado por los avances de la ciencia, que avalan que existe vida desde el mismo momento de la concepción".

"Se es muy consciente desde el Gobierno que quienes defendemos un mensaje progresista somos los que defendemos el derecho a vivir, cuando además tenemos la natalidad por los suelos", ha dicho Gádor Joya En casa de Herrero. Desde Derecho a vivir alientan a "no quedarse de brazos cruzados y a seguir presionando". "Ni un solo voto a quien no se comprometa a derogar esta ley, a respetar la vida, sea cual sea su condición física".

Recursos de amparo

No sólo el PP y el gobierno de Navarra han recurrido la norma. Varias asociaciones, encabezadas por el Centro Jurídico Tomás Moro (CJTM), han presentado este lunes un recurso colectivo de amparo en el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, entre otros motivos por su concepción como "ley de plazos".

En esta norma "no hay ninguna preocupación ni por la mujer ni por la vida gestante. Hay una única preocupación, que es el lucro económico de las clínicas (que practican abortos), que han sido quienes han movido esta ley", ha asegurado a la prensa el presidente del CJTM, Javier María Pérez Roldán, después de registrar el recurso.

La organización Talita de discapacitados de Zaragoza, Pro Justicia, el Foro de la Familia, la Red Madre, el ginecólogo de Algeciras (Cádiz) Esteban Rodríguez, además del propio CJTM, son los promotores del recurso de amparo.

Pérez Roldán ha explicado que se trata de algo "completamente novedoso" porque la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional lo permite para cualquier ciudadano que se pueda ver afectado por una ley, pero nunca se ha llevado a cabo.

Ha citado varias veces la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para argumentar contra aspectos como que la ley obligue a inscribirse en un registro al personal que quiera aducir objeción de conciencia y que ésta sólo se reconozca a los médicos y no al resto de profesionales sanitarios.

"Tampoco se permite la objeción -ha añadido- para el diagnóstico prenatal, que es un requisito necesario para saber si el nasciturus tiene o no una grave enfermedad que pueda permitir la aplicación de la ley".

Se ha referido a las "trampas al margen de los padres" para que las menores de 16 y 17 años pudieran abortar, según ciertas condiciones, sin consentimiento paterno, de manera que se "restringe" su patria potestad y aumenta la de la gestante hasta "recuperar antiguas tradiciones romanas del derecho de vida o muerte". Ha censurado la "discriminación" del padre del feto, pues "no tiene ni voz ni voto, ni se le informa absolutamente de nada".

La parte más trascendente, ha destacado, es la que entiende el aborto como "ley de plazos". "Hoy en día -ha argumentado- la embriología y la ciencia han avanzado y determinan de manera unánime, sin ningún tipo de discusión, que la vida humana empieza desde la concepción. Si el Constitucional quisiera hacer caso a la ciencia en vez de a ideologías, tendría que decir que, al empezar la vida humana allí (en ese momento), habría que respetarla."

Por otro lado, se establece una excepción "perversa", la de embriones con malformaciones o enfermedades, caso en que "se puede abortar en cualquier momento".

"El Gobierno ha aprobado esta ley por un procedimiento prohibido en España, que es una ley de punto final", ha asegurado en relación con las clínicas, "prácticamente todas", que estaban practicando "abortos ilegales".

Ha recordado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció en 2003 que, "bajo ningún concepto", se puede entender el aborto como un derecho como tal porque la vida humana en el vientre materno es independiente de la de la madre. Ha dicho que estas organizaciones recurrirán al TEDH si el recurso no se admite a trámite o la ley no se declara inconstitucional.

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