La Consejería de Sanidad y Consumo de Murcia ha alegado este martes problemas de naturaleza "técnica, formal y jurídica" a la hora de aplicar la Ley del aborto como, por ejemplo, las dificultades en cómo dar la información que sea precisa a la mujer que decide interrumpir su embarazo y el plazo para la acreditación de las clínicas concertadas que realizan el aborto.
La Consejería asumió no tener "más remedio" que aplicar la Ley, pero indicó que "no se puede aplicar en las condiciones que se dan ahora mismo". Así, estimó que la última opción es "acatarla", y dijo que posiblemente se derivarán a otras comunidades autónomas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo y que entren en los nuevos conceptos contemplados por la Ley, como está haciendo Navarra.
La Consejería justificó que ha tenido "apenas una semana" para desarrollar toda la documentación necesaria para aplicar la Ley. No obstante, explicó que se ha creado un comité técnico científico, tal y como estipula la nueva norma y "se ha intentado preparar la información que van a recibir las mujeres en los sobres que se les da antes de interrumpir voluntariamente el embarazo".
La Consejería alegó que la documentación necesaria para aplicar la Ley estaba formada por más de 150 folios, y criticó que, para proceder a su preparación y adaptarla a lo que pide el Ministerio "se debería haber procedido sin tanta prisa, para poder valorar bien qué información dar a las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente le embarazo".
En la Región de Murcia, donde se practicaron 4.172 interrupciones voluntarias del embarazo en 2009 -lo que supone un descenso frente a los 5.180 de 2008-, el 100 por ciento de los facultativos de ginecología se atienen a la objeción de conciencia, por lo que ningún hospital realiza abortos, y todos los casos se derivan a cinco clínicas concertadas.
Precisamente, la Consejería afirmó que ninguna de estas clínicas concertadas está acreditada todavía porque la Ley "entró en vigor ayer y no hay ninguna solicitud, como es normal, porque las clínicas deben elaborarla". La Comunidad dijo tener un plazo de cuatro meses para acreditar a estas clínicas, lo que supone "un problema" para la implantación de la Ley.
Por otro lado, la Consejería de Sanidad murciana explicó que "lo deseable" sería "esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto de la aplicación de la Ley, que está recurrida". "No sabemos si vamos a empezar a aplicar la Ley y, dentro de un tiempo, si el Tribunal la declara inconstitucional, es irreparable lo que se haya hecho hasta el momento", aseveró.
"Los pasos se están llevando a cabo y lo que tenemos que hacer es aplicar la Ley, pero nos encontramos con que no podemos aplicarla", concluyó.