El empresario catalán Manuel Nevot acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si el Constitucional no falla a su favor.
Nevot, acompañado por el portavoz de la organización Convivencia Cívica Ciudadana, Francisco Caja, y el abogado Ángel Escolano, ha interpuesto este miércoles un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque ha sido vulnerado su "derecho a la libertad de expresión".
"Si el Tribunal Constitucional fallara en contra iríamos al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o bien a Nueva York", ha precisado Nevot, quien ha añadido que si pone un letrero en catalán no sólo nadie le dice nada sino que al contrario le "felicitan", mientras que si lo pone en castellano le multan.
Por ello, Nevot se ha mostrado confiado en que el Constitucional falle a su favor y "revoque la sentencia" del Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona, que confirmó la multa de 800 euros que le impuso la Generalidad al tener el letrero principal de su local en castellano. Una multa que ha considerado "totalmente injusta y fuera de lugar".
“Es un caso de flagrante desigualdad y, por tanto, de vulneración del artículo 14 de la Constitución. Éstas son las razones por las que acudimos en amparo del Tribunal Constitucional porque entendemos que se han vulnerado derechos y libertades básicas”, ha denunciado Nevot.
Pero Nevot encuentra su recompensa en la multitud de muestras de apoyo y solidaridad que ha recibido desde todos los puntos de España. “He tenido tantos apoyos por tantos sitios, desde fax, desde llamadas telefónicas… Me han llamado desde todas partes de España animándome a proseguir esta lucha en defensa de los derechos de los catalanes”.
El portavoz de Convivencia Cívica Ciudadana ha recordado, a las puertas del Constitucional, que se ha vulnerado el derecho de la libertad de expresión porque existe "jurisprudencia reiterada de tribunales internacionales que dicen que la libertad lingüística esta comprendida en el interior del derecho a la libertad de expresión".
Francisco Caja espera que los magistrados del Constitucional apliquen al caso "la mayor celeridad posible" dada la "trascendencia y la alarma social que provoca el gobierno catalán multando a los ciudadanos que hacen libre uso de un idioma que es oficial en todo el territorio español".
El empresario catalán se hizo conocido cuando el presidente del PP, Mariano Rajoy, citó su caso como ejemplo de la política lingüística catalana durante un debate electoral televisado con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.