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Noticia publicada el 14-03-2008
LD (V. Gago) Nuevo golpe administrativo a Educación para la Ciudadanía. Murcia también aceptará todas las objeciones y no evaluará a quien ejerza este derecho, según ha confirmado a Libertad Digital la Consejería de Educación. Después de Madrid, la región murciana es la segunda donde se aplicará la sentencia del TSJA. La cascada de reconocimientos puede ir en aumento. Esta posibilidad explicaría la soberbia y el nerviosismo de uno de los padres de la asignatura, Gregorio Peces-Barba. Mientras, el número de objeciones no deja de crecer. Ya suman 27.297, según el contador oficial de LD y Profesionales por la Ética.
El Gobierno murciano aplicará la doctrina del Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) y no evaluará a los alumnos de familias objetoras frente a Educación para la Ciudadanía.
Una portavoz autorizada de la Consejería de Educación murciana ha confirmado este viernes a Libertad Digital el sentido exacto de lo anunciado por el consejero Juan Ramón Medina Precioso.
Medina dijo este jueves que en los colegios de la región "no se penalizará" a los escolares cuyas familias hayan objetado frente a EpC. En Murcia, la asignatura comenzará a impartirse el próximo curso 2008-2009.
La portavoz oficial del servicio de Prensa de la Consejería, consultada por LD ha explicado que con "no penalizar", el consejero ha querido decir que "los alumnos dispondrán de actividades alternativas, como por ejemplo horas de biblioteca, durante las clases de EpC, y no se les pondrá un cero, ni un suspenso, ni computará en la nota media final".
Murcia es la tercera región donde se aplicará la sentencia del TSJA. En Andalucía, la Junta tendrá que hacerlo a la fuerza, al menos hasta que el Tribunal Supremo resuelva sobre el recurso anunciado por el presidente autonómico en funciones, Manuel Chaves.
En Madrid, la consejera de Educación Lucía Figar ya anunció la pasada semana que la Comunidad aceptará todas las objeciones y los alumnos de familias que ejercen ese derecho no serán evaluados, siguiendo la doctrina del TSJA.
La Junta de Castilla-La Mancha, con gobierno del PSOE, también fue de las primeras en pronunciarse por el respeto a la sentencia judicial. Su consejero de Educación dijo que en esta región se aplicará lo que digan las sentencias: "Si hay una sentencia que reconoce ese derecho, la acataremos, y si el Tribunal Supremo después dice otra cosa, también lo acataremos", dijo el responsable político de los colegios de la región.
El reconocimiento de la objeción irrita al Gobierno
La posibilidad de que este criterio se extienda y la sentencia del TSJA acabe por desactivar la asignatura, convirtiéndola, de hecho, en una materia optativa, ha suscitado el nerviosismo y la soberbia de los mentores de EpC y del propio Gobierno.
La vicepresidenta, María Teresa Fernández de La Vega, acusó desde la tribuna de Prensa del Consejo de Ministros a la presidenta de Madrid de "estar llamando a los ciudadanos a la insumisión".
Más irritado incluso se ha mostrado este jueves uno de los padres de la asignatura en España, Gregorio Peces-Barba. El fracasado comisario del Gobierno contra las víctimas del terrorismo dijo que la sentencia del TSJA "no se merece ninguna consideración, ni respeto" y dio por hecho que el Tribunal Supremo fallará a favor del Gobierno, por lo que –anunció–, la resolución del Tribunal andaluz "va a durar menos que un pastel a la puerta de un colegio".
