La Policía Nacional ha detenido a veinte personas en una operación contra el blanqueo de capitales que se ha desarrollado en Almería, Madrid, Sevilla y El Ejido (Almería), cuyo Ayuntamiento ha sido registrado, según ha informado en un comunicado la Fiscalía. A los arrestados se les acusa de delitos continuados de blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en esta provincia, ha ordenado la detención de veinte personas y los registros de sus domicilios, así como de las sedes de doce sociedades, la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur) y el Ayuntamiento de El Ejido.
A los detenidos en esta operación, denominada "Poniente", se les imputan los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. Las detenciones y registros han tenido lugar en los municipios de Almería, El Ejido, Madrid y Sevilla.
La nota de la Fiscalía explica que su investigación empezó en 2007 con la intervención de la Unidades de Apoyo de Policía Judicial, Intervención General de la Administración del Estado y Agencia Tributaria adscritas a la Fiscalía Especial Anticorrupción, así como la Jefatura Superior de Policía de Granada, la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía y la Comisaría de Policía de Almería.
La operación responde a una trama empresarial creada por los detenidos en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur) de El Ejido y el Ayuntamiento de dicha localidad.
Las diligencias de la Fiscalía fueron judicializadas en abril de 2009 acordándose por la titular del Juzgado la intervención telefónica de los terminales de los detenidos más relevantes en la trama empresarial. Las diligencias fueron declaradas secretas por la juez instructora del caso y continúan en dicho estado.
Por otra parte, la empresa mixta de servicios municipales desde hace unos meses está en el punto de mira, entre otras cuestiones, por un supuesto traspaso ilegal de trabajadores de las subcontratas Arborimar y Maviroad.