El Consejo de Ministros ha realizado la primera lectura del anteproyecto de la llamada Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación, que tiene como objetivo que "nadie pueda sentirse humillado por razones de nacimiento, raza, sexo, convicción, discapacidad, edad, religión, identidad sexual o enfermedad".

Así es como lo ha presentado este viernes la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La norma pretende crear un organismo sancionador y según informa El País, Pajín planea recuperar una figura de la Santa Inquisición como es "la inversión de la carga de la prueba". Esto es, que los acusados de "discriminación" carezcan de presunción de inocencia y tengan que ser ellos los que demuestren su inocencia.

"Es un compromiso electoral del Gobierno, que pretende sacar a la luz y visibilizar los problemas de discriminación que existen en la sociedad y de ofrecer el tratamiento político, jurídico y social adecuado a los mismos", ha explicado la ministra. "Se trata de construir una sociedad que no humille a nadie y también una sociedad que no permita que nadie sea humillado; una sociedad donde sentirse seguro y amparado por la ley", ha aseverado. En este sentido, ha señalado que lo que se pretende es "identificar mejor" las formas de discriminación y dar "mejor cobertura legal" a quienes la sufren.

La titular de Sanidad, Política Social e Igualdad ha subrayado que con este texto, que entrará en vigor previsiblemente en 2013, no sólo se pretende dar cumplimiento al las directivas del Consejo de Europa en este sentido y a legislar en esta materia, sino también que la Constitución Española, que ya refleja la no discriminación por origen racial, sexual, religión, opinión, "pueda completarse con esta ley que habla de discapacidad, orientación e identidad sexual, discapacidad, edad o enfermedad".

España pretende situarse con esta ley "al nivel de Alemania, Suecia, Austria y Holanda", que tienen normas similares a la que prepara el Gobierno, según ha concluido Pajín. En el anteproyecto se incluyen dos nuevos motivos de discriminación, los de identidad sexual y enfermedad, que se suman a los recogidos en el artículo 14 de la Constitución Española (CE) y a los incluidos en la normativa comunitaria.

Además, el texto mejora las definiciones de discriminación directa, indirecta y medidas de acción positiva, y se incorporan por primera vez al ordenamiento jurídico español: discriminación por asociación y discriminación por error; discriminación múltiple; acoso discriminatorio; inducción, orden o instrucción de discriminar; represalia; y diferencia de trato no discriminatoria. Asimismo, establece el derecho a la igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida política, económica, cultural y social, como el empleo, la salud, la educación, los servicios sociales o los medios de comunicación social, entre otros.

La nueva Ley contempla la creación de un órgano independiente, la Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, que prestará asistencia a los afectados y promoverá fórmulas de mediación o conciliación entre las partes con su consentimiento. Esta Autoridad podrá investigar por cuenta propia la existencia de posibles situaciones de discriminación y ejercitará acciones judiciales en defensa de los derechos derivados de la igualdad de trato.

Igualmente, entre los instrumentos de promoción de la igualdad de trato y la no discriminación, figura el mandato a los poderes públicos para la adopción de medidas de acción positiva; el reconocimiento del derecho de las empresas a realizar acciones de responsabilidad social en esta materia y hacer uso publicitario de ellas; la adopción de una Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación; o la colaboración entre administraciones públicas para la integración de la igualdad de trato y no discriminación en sus competencias.