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Peces Barba ve "lógico" prohibir los crucifijos e imponer Educación para la Ciudadanía

En una misma intervención Gregorio Peces Barba ha defendido la prohibición de los crucifijos en los colegios porque es "lógico" que a los no católicos les molesten y la imposición de Educación para la Ciudadanía. Ya Victoria Llopis llamaba la atención en su último artículo sobre esta contradicción.

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L D (EFE) El ex rector de la Universidad Carlos III Gregorio Peces Barba ha dicho este miércoles que los jueces están "para cosas mucho más importantes" que decidir sobre la presencia de crucifijos en las aulas, y ha rechazado que sean los consejos escolares los que adopten una medida que corresponde al Estado y las autonomías.

El ponente de la Constitución –ya durante las negociaciones de la Constitución se mostró mucho más intolerante en sus posturas anticatólicas que los comunistas Carrillo y Solé Tura– en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Sociedad, ha considerado "evidente" que esa decisión no pueden tomarla los colegios, tal y como ha dicho la ministra de Educación, Mercedes Cabrera.

A su juicio, en un Estado laico, en el que, según él, sólo el 40 por ciento se declara practicante, es "lógico" que al 60 por ciento restante no le parezca bien que haya crucifijos en las aulas. Sin inmutarse, Peces Barba, ha defendido a continuación la asignatura de adoctrinamiento Educación para la Ciudadanía.
 
Además se ha referido también a las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco, sobre la llamada Memoria Histórica y necesidad de olvidar, y ha dicho que estas manifestaciones suponen una contradicción. La Iglesia, ha dicho, eleva cada seis meses a los altares a víctimas asesinadas en la Guerra Civil.
 
Peces Barba entiende que "hay una parte del país" que tiene derecho a enterrar dignamente a sus familiares que "todavía están en las cunetas" y a que se reconozca que la legislación en la que se basaron las condenas estaban basadas en leyes "nulas". Para Peces Barba, la exhumación de los cadáveres de las víctimas del franquismo no corresponde a los jueces porque "la vía penal es imposible", por lo deben ser el Estado y las Comunidades Autónomas quienes asuman esa tarea.

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