El Partido Popular de Getafe ha denunciado este miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción las presuntas irregularidades en la adjudicación de 1.423 plazas de aparcamiento en el municipio. Carlos González Pereira, portavoz del PP de Getafe, acompañado de la vicesecretaria general del Partido Popular de Madrid, Gádor Ongil, ha trasladado al Ministerio Fiscal todos los expedientes de las concesiones y documentación sobre las cooperativas adjudicatarias.
En la presunta trama estarían implicados el alcalde Pedro Castro, su hijo y concejal de Hacienda, David Castro y la edil de Obras y Servicios, Cristina González, así como familiares de ésta, y un grupo de empresarios afines al PSOE local, que podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 404, 419 y 428 del Código Penal.
El portavoz popular ha señalado que “tras el portazo del Gobierno local a la investigación, esperamos que la justicia clarifique las distintas responsabilidades”. Ha lamentado que “el alcalde Pedro Castro haya tratado de esconder el asunto y siga manteniendo en su equipo a su concejala de Obras, a pesar de demostrarse que vulneró la ley y que actuó en beneficio de sus familiares adjudicándoles la gestión de uno de los aparcamientos. Nos seguimos preguntando qué tiene que esconder Pedro Castro para cerrar en falso el caso más escandaloso de corrupción urbanística en este municipio”.
Por su parte, la vicesecretaria general del PP Madrid, Gádor Ongil, recordó que este caso se suma a la lista de los despropósitos del alcalde de Getafe, Pedro Castro, y a los numerosos casos de corrupción de ayuntamientos socialistas en Madrid, por lo que pidió a su secretario general, Tomás Gómez, que arregle primero los problemas que tiene en casa antes de dedicarse a otros menesteres. “Poca credibilidad puede tener el jefe de la oposición, que exige la transparencia en la gestión de la Comunidad cuando no sabe poner orden en los desmanes de ayuntamientos como los de Getafe, Leganés, Parla, Fuenlabrada o Pinto”.
Primera denuncia pública
Los hechos se remontan al 27 de mayo de 2009, cuando el PP de Getafe denuncia públicamente que la concejala de Obras y Servicios del Ayuntamiento, Cristina González, adjudicó las obras y explotación de un aparcamiento en Getafe, de 461 plazas, en la calle Jilguero, a la cooperativa presidida por su marido y en la que el padre y la madre de la edil figuran como secretario y tesorera, respectivamente.
La concejala votó a favor de esta adjudicación, el 12 de julio de 2007, en Junta de Gobierno local, y de la posterior modificación del pliego de condiciones y del contrato de adjudicación de esta concesión, el pasado 23 de abril de 2009.
Creación de una trama corrupta
Tras conocer más datos acerca de estas concesiones, el PP denuncia el 3 de junio que el alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, podría haber organizado una trama corrupta para la adjudicación de 1423 plazas de aparcamiento en Getafe. La trama afectaría a cinco aparcamientos del plan municipal y podría suponer un beneficio aproximado de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los parkings.
Las cinco cooperativas adjudicatarias de estos proyectos se crearon en la misma fecha, tienen la sede en el mismo domicilio, calle Madrid, nº30, 1ºA (Getafe), y pertenecen a la misma gestora, Roblepark S.L. Todas presentaron el mismo plan económico financiero, en un folio de Word, incumpliendo claramente todas las prescripciones del pliego de condiciones.
Carpetazo a la comisión de investigación
A petición del Partido Popular, el 15 de junio se crea una comisión de investigación para esclarecer estos hechos. Después de tres sesiones, PSOE e IU dan carpetazo a la comisión. IU apoya el dictamen del PSOE en el que determinan que no se han detectado “anomalías administrativas” en el proceso de adjudicación.
En la comisión ha destacado la falta de transparencia y el oscurantismo. El PP recusó, sin éxito, a uno de los representantes del PSOE en la comisión, el concejal de Hacienda, David Castro, por entender que había participado supuestamente en la trama. Por otro lado, Pedro Castro rechazaba las comparecencias de los supuestos implicados, tal como había pedido el PP. Además, los expedientes de las adjudicaciones que fueron solicitados estaban “mutilados”, faltando las plicas originales de las empresas que se presentaron al concurso y documentos acreditativos de la capacidad financiera y solvencia técnica de las empresas adjudicatarias.