L D (Europa Press) Según consta en el escrito de acusación, la procesada inició en fecha no concretada una relación con Rafael R.Z., de 82 años, y que en 2004 empezó a padecer trastornos mentales que implicaban un deterioro de sus facultades mentales.
De esta circunstancia, según el relato fiscal, se aprovechó la acusada, que consiguió que el 20 de septiembre de 2004 Rafael R.Z. le otorgara poderes para que ésta pudiera vender libremente y en las condiciones que considerara oportunas una vivienda propiedad del anciano, situada en la localidad de Carchuna.
El 18 de octubre de ese mismo año Antonia M.A. acudió a la capital granadina a otro notario distinto al que le otorgó el poder y, "sin conocimiento del apoderante", compró a su nombre la finca que ella a su vez vendía en nombre de Rafael. Ésta fijó como precio de venta el de 27.250 euros (aunque su precio en el mercado era de 101.339 euros) que ella, en nombre del vendedor, manifestó haber recibido, aunque el anciano no cobró cantidad alguna.
El examen del médico forense reveló que el anciano padece una demencia que le supone una afectación profunda de la personalidad en el conocimiento, el juicio crítico, el sistema de valores y la capacidad de adaptación a la vida social.
Para el Ministerio Público los hechos relatados integran un delito de estafa de especial gravedad por "abuso de relaciones personales", por lo que pide para la anciana procesada, además de la pena de cárcel, multa de 3.240 euros y, como responsabilidad civil, la restitución de la vivienda, dejando sin efecto la autocontratación efectuada.
El juicio está previsto que se celebre el próximo 30 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia de Granada.