Venimos de una Comunidad Autónoma del noroeste de España llamada
Galicia. Es una comunidad bilingüe, con alrededor de 2.800.000 habitantes, de
los cuales unos 400.000 son menores de 18 años. En este momento, los
derechos lingüísticos de gran parte de los habitantes de Galicia están siendo
injustamente restringidos. Se ven afectados muchos ciudadanos en diversos
sectores, también en el ámbito de la educación, lo que significa que esta
restricción la sufren muy especialmente los más vulnerables, nuestros niños y
jóvenes. Ante el desamparo por parte de los poderes públicos, unos
ciudadanos profundamente preocupados por lo que estaba sucediendo,
creamos hace año y medio Galicia Bilingüe, una asociación independiente y
apartidista, que está aglutinando cada vez a más personas para, juntos,
trabajar en aras de lograr un cambio en la política lingüística que nos
homologue en derechos a las demás comunidades bilingües o plurilingües de
Europa.
Nuestras dos lenguas, el gallego y el castellano o español, han coexistido en
Galicia desde el siglo XIV. El castellano, por ser la lengua que se hablaba en
toda España, por su utilidad como lengua comercial y de relación, y por ser la
lengua de la administración, fue utilizándose cada más, sobre todo en las villas
y ciudades, y el gallego, a su vez, aunque dialectalizado y durante siglos sin
forma escrita, continuó siendo la primera lengua de gran parte de la población
hasta nuestros días, sobre todo en las zonas rurales. Con la llegada de la
democracia y la instauración de la autonomía, el gallego comenzó por fin a
introducirse en la administración y en la enseñanza, y se intensificó el proceso
iniciado en el siglo XIX para dotarlo de normas gramaticales y de léxico que lo
hiciesen viable como lengua urbana y administrativa.
Pero recientemente, desde la llegada al gobierno autonómico de Galicia de una
coalición formada por nacionalistas y socialistas, los ciudadanos nos estamos
viendo sometidos a un proceso de imposición lingüística que nos aboca
paulatinamente a un monolingüismo en gallego en la enseñanza y en la
Administración, y que lleva visos de extenderse a otros ámbitos, coartando las
libertades de una parte de la población y perjudicando la formación de muchos
escolares.
Podríamos hablarles de porcentajes de hablantes de cada lengua, algunos
datos nos llevan a pensar que la distribución se aproxima al 50%, para cada
una con una presencia muy mayoritaria de castellano hablantes en las siete
principales ciudades de Galicia y sus áreas suburbanas. Pero no es una
cuestión de porcentajes, sino de derechos individuales lo que debe guiarnos.
Ambas lenguas son oficiales, por lo que les correspondería a los ciudadanos
elegir en cuál de ellas la administración se relaciona con ellos y les presta sus
servicios. Lo contrario representa una declaración fraudulenta de oficialidad, y
en este caso, de la única lengua oficial en toda España.
El español está rápidamente despareciendo de las señalizaciones de las
carreteras, de las calles, de las dependencias oficiales, de colegios, hospitales, ayuntamientos y demás dependencias administrativas de Galicia. Se dan directrices a los funcionarios para que se dirijan al administrado oralmente sólo en gallego y que esta lengua sea la de uso entre los propios funcionarios y la única en la elaboración de la documentación interna. También Informaciones importantes para el usuario como las sanitarias se redactan sólo en gallego. No es lógico en una democracia que una lengua oficial desparezca precisamente del ámbito oficial.
Se intenta imponer el deber individualizado de un alto conocimiento del gallego
para todos los empleados públicos, incluso en el caso de los profesionales de
la medicina, cuando bastaría con lograr una administración bilingüe en su
conjunto, que garantizase el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en la
lengua oficial de su elección. Este requisito individual nos priva de la
enriquecedora venida a Galicia de buenos profesionales de otros puntos de
España, coartando la libre circulación de ciudadanos en su propio país. Los
funcionarios que han de aceptar la movilidad forzosa, como los miembros de
las fuerzas de seguridad o de la judicatura, no pueden escolarizar a sus hijos
en la lengua oficial común, y no pocos empresarios privados comienzan a
quejarse al observar que profesionales de alta formación declinan aceptar
puestos de trabajo en Galicia porque se encuentran en una franja de edad en la
que tienen hijos en edad escolar y no quieren que se les prive de su derecho a
ser educados en español.
De esta problemática y de las consecuencias negativas que está teniendo para la economía gallega esta política lingüística restrictiva de derechos, se hizo eco recientemente el Foro Empresarial de Galicia, que engloba a las 300 principales empresas de nuestra comunidad elaborando un informe cuyas propuestas coincidían con las de Galicia Bilingüe.
Pero la Administración autonómica está a punto de dar un paso más en la
restricción de la libertad, que supondría una intromisión en las actividades
privadas, con el proyecto de aprobar una Ley que permitirá multar a los
comerciantes que no rotulen o empleen el gallego en sus negocios.
Las ayudas económicas oficiales que se conceden a entidades de todo tipo:
culturales, deportivas, empresariales etc., están condicionadas a la utilización
del gallego en sus actividades, o bien su utilización puntúa a su favor para
obtenerla. En cuanto a los creadores, las ayudas oficiales son inexistentes si no se realizan en gallego, lo que resulta a todas luces discriminatorio para ellos y empobrecedor para todos.
Pero si todo esto es lamentable, lo más doloroso es lo que está ocurriendo en
la enseñanza. Desde la entrada en vigor el curso pasado del Decreto que
regula el uso del gallego en la enseñanza, esta lengua es obligatoria como
vehicular en la totalidad de las asignaturas troncales y se recomienda e
incentiva económicamente a los colegios para que la utilicen en la práctica
totalidad del currículum. En consecuencia, hoy en día, al idioma materno de
muchos niños de Galicia, el español, sólo se le dedican las mismas horas que
al estudio de un idioma extranjero o como mucho se relega a asignaturas de
poca carga horaria y que suponen escaso manejo de textos como la plástica o
la educación física.
No necesitamos recordarles las recomendaciones de la UNESCO en cuanto a
los beneficios de recibir la enseñanza en lengua materna, sobre todo la primera
enseñanza. Es este beneficio el que ha llevado a muchos países a ofrecer la
enseñanza en la lengua del niño incluso si no se trata de una lengua oficial, en
caso de contar con recursos suficientes. Gracias a ello, más del 90 % de los
niños europeos pueden recibir la enseñanza en el idioma de la familia.
Por increíble que pueda resultar, en Galicia y en otros lugares de España, se
priva a muchos estudiantes de este beneficio, en contra del deseo de sus
padres, y ello a pesar de contar con profesorado formado en español que
estaría deseoso de enseñar a los estudiantes en la lengua en la que mejor se
expresan ellos, en la que mejor aprenderían sus alumnos y, sobre todo, en la
que a estos les gustaría ser escolarizados. Esta inmersión forzosa se realiza,
además, sin ninguna cautela y es ineludible incluso para los alumnos castellano hablantes con más problemas de aprendizaje y los que proceden de familias hispanohablantes que retornan a nuestra tierra procedentes de la inmigración, y que contemplan con estupefacción cómo se esfuman sus pretensiones de ser escolarizados en español en un territorio que es parte de España.
Pero la imposibilidad de estudiar las asignaturas en español y de recibir toda la
terminología científica y específica de cada asignatura en este idioma no es el
único problema al que se enfrentan nuestros escolares. Los alumnos gallegos
están empezando a percibir que por algún motivo, la lengua que les han
enseñado sus padres, y la que comparten con millones de hispanohablantes en todo el mundo no es apta para recibir la cultura. Contemplan como esta lengua es literalmente borrada de las escuelas. Las directrices de las autoridades educativas son claras en este sentido y quedan reflejadas en una guía que se ha hecho llegar a los centros de enseñanza: el español ha de desaparecer de todos los anuncios, páginas web, menús de los comedores, circulares, conferencias, y actividades lúdicas. Incluso se recomienda a los profesores tutores que utilicen el gallego en sus entrevistas con los padres aunque este no sea el idioma ni del profesor, ni del alumno, ni de los padres. El objetivo de esta guía parece ser que los niños gallego hablantes no abandonen la lengua familiar y que los niños cuyas familias hablan español cambien su idioma por el gallego. Todo ello se acompaña con recomendaciones que son una clara intromisión en la vida privada de las familias, como por ejemplo la de animar a los alumnos de secundaria a cambiar sus nombres y apellidos “al gallego”.
Las muy costosas campañas dirigidas a que los niños castellano hablantes
cambien de idioma, que perciban que no hablan la lengua adecuada y que
falsean la realidad histórica y la de su propia familia son innumerables, la última está dirigida a niños de cinco y seis años y contiene frases como la siguiente: “deseamos motivaros alrededor de la lengua y para la lengua,.. y al mismo tiempo queremos que lo hagáis en nuestra lengua con el habla de nuestros abuelos y la que debe seguir siendo nuestra lengua en el futuro”
Los libros de texto de lengua gallega con los que estudian nuestros hijos no
son libros sólo de lengua, no contienen sólo léxico, morfología, sintaxis o
literatura; sino en gran medida ideología y política lingüística. En cuanto al
idioma, el gallego se presenta como la que debería ser su lengua y aparece
continuamente personificado como víctima, mientras el castellano es la lengua
que lo oprime y contamina.
Lamentablemente, quienes antes apelaban a las bondades de la educación en
lengua materna cuando se trataba de defender los derechos de los niños
gallego hablantes, ahora apelan a la cohesión social y la preservación de una
lengua para justificar su imposición. La implantación de hábitos lingüísticos en
contra del deseo de las familias puede generar rechazo hacia una lengua y es
una injerencia inaceptable de los poderes públicos en ese ámbito. Las
autoridades educativas afirman sin rubor que la educación es un sector
estratégico para “recuperar o ganar hablantes”, y se utilizan argumentos
falaces para justificar la inmersión. Se falsean datos sobre las políticas
lingüísticas de otros países o se intenta tranquilizar a los padres con el
absurdo argumento de que el español ya se aprende en la calle y que al haber
dos lenguas oficiales, ambas tienen que ser conocidas en igual competencia,
obviando el hecho de que el registro culto de un idioma, salvo en el caso de
familias muy especiales, se aprende en la escuela y que un castellano hablante que reciba la enseñanza del gallego como asignatura en todos los niveles de enseñanza no universitaria podrá comunicarse perfectamente con un gallego hablante. La Historia lo demuestra. La preservación de la diversidad lingüística no debe servir de pretexto para restringir los derechos de los hablantes de una lengua utilizada históricamente en un territorio y que, además, es oficial justamente por esa razón.
Ustedes se preguntarán cómo es posible que hayamos llegado a esta situación de la que los ciudadanos y los escolares gallegos no somos las únicas víctimas. Es un problema que afecta ya en mayor o menor medida a varias Comunidades autónomas, fruto de transferencias de competencias que,
realizadas con buena intención, son abusivamente utilizadas por partidos de
ideología nacionalista cuando alcanzan el gobierno en algunas comunidades.
Sobre lo que está sucediendo en Galicia se apunta a que los nacionalistas
necesitan el idioma como un hecho diferencial para, a la larga, justificar la
independencia. Hay quienes opinan que el otro partido en el gobierno, al no
poder gobernar en solitario, ha cedido ante lo que para los nacionalistas es un
dogma incuestionable. Hay quienes sostienen que es el partido que antes
estuvo en el gobierno el que aprobó textos jurídicos ambiguos sin prever que
una vez ellos ya no estuvieran en el poder esto podría suceder.
Nosotros no somos políticos; lo único que sabemos es que tenemos un
problema muy grave cuya solución no puede esperar. Tampoco es nuestro
objetivo la defensa de ninguna lengua, sino la de los derechos de los hablantes
de dos lenguas que son oficiales. En Galicia no existe conflicto entre
comunidades lingüísticas y muchos gallegohablantes nos muestran su
descontento con la actual situación y en lo que atañe a la enseñanza se quejan
porque, aunque quieren que sus hijos reciban la primera enseñanza en lengua
materna, desearían que hubiera una mayor presencia de una lengua como el
español en las etapas posteriores, porque entienden que ello sería beneficioso
para la formación de sus hijos. A esto hay que añadir su desconcierto al
comprobar cómo el gallego normativizado que aprenden sus hijos en el colegio
se aleja cada vez más del gallego que aprendieron ellos por transmisión
familiar.
No sabemos qué futuro le espera al gallego. Lo que nos preocupa es que sus
hablantes tengan reconocidos sus derechos. Tampoco sabemos cómo
evolucionará el español y no nos consuela que en este momento lo hablen
tantos millones de personas en todo el mundo si nuestros hijos no pueden ser
educados en él. En definitiva, creemos que no se debe convertir a las lenguas
en sujetos de derecho, y en que seamos las personas las que estemos al
servicio de su expansión o conservación en lugar de que sean las lenguas las
que estén a nuestro servicio.
Estamos convencidos de que lo que reclamamos es justo, sensato y posible.
Lo que proponemos es: Que las señalizaciones e informaciones dependientes de la administración estén en los dos idiomas oficiales. Que la administración atienda al administrado y le preste sus servicios en la lengua oficial que éste elija. Que no se prime el conocimiento de una lengua sobre la competencia
profesional a la hora de contratar a un empleado público. Que las ayudas públicas a empresas privadas o profesionales no vengan condicionadas por el hecho de emplear el gallego, y que éstas, en todo caso, sean por el coste real que supone el empleo de la lengua que se trata de promocionar. Que las ayudas públicas a creadores artísticos no estén condicionadas al
empleo del gallego en su actividad. Que cese el adoctrinamiento en la enseñanza.
En el importante campo de la enseñanza pedimos que los padres o los
alumnos, si tienen edad suficiente, puedan elegir la lengua vehicular, teniendo
la otra lengua como asignatura obligatoria en todas las etapas educativas. Nos
parecería adecuado que también se ofertase la posibilidad de recibir la
enseñanza en las dos lenguas tras la primera enseñanza para aquellos padres
que prefiriesen un reparto equilibrado en el uso de ambas lenguas.
Los defensores de la imposición de lengua llaman segregacionistas a los
padres que pedimos poder elegir, lo que supone acusar a muchos gobiernos
europeos de segregacionistas. Uno de los principios básicos de un sistema
democrático es permitir elegir a los ciudadanos entre varias opciones
compatibles. Es más propio de sistemas totalitarios invocar la cohesión social
para imponer una sola opción a toda la sociedad.
En Galicia, ha tenido que ser la sociedad civil la que se ha organizado para
defender unos derechos tan elementales. Las iniciativas que llevamos a cabo
para informar, asesorar y denunciar son recogidas a diario por la prensa.
Hemos realizado un fiable sondeo de opinión que muestra un apoyo
mayoritario a nuestras propuestas y hemos presentado un recurso ante los
tribunales contra ciertos aspectos del vigente decreto que regula el gallego en
la enseñanza que creemos que vulneran normas de rango superior ya de por sí
restrictivas de derechos. En la calle, padres abuelos y ciudadanos preocupados
dedicamos nuestro tiempo y nuestros escasos recursos a extender este
movimiento ciudadano arriesgando a veces nuestra propia seguridad, ya que
hay grupos nacionalistas radicales que nos agreden por ello. Al parecer,
sienten más afecto por una lengua que por las personas. Aun así ya nos
apoyan con su firma más de 80.000 ciudadanos de Galicia.
Por todo esto, hemos venido aquí, a una institución que es el símbolo de la
democracia en Europa. Necesitamos que se sepa lo que está sucediendo en
Galicia, tal vez ello contribuya a lograr que nuestras autoridades recapaciten.
También les pedimos que nos ayuden a encontrar los cauces necesarios para
denunciar esta injusta imposición. Existen tratados internacionales que
protegen los derechos de los hablantes de las lenguas minoritarias. Pero el
caso de España es muy extraño. Nuestro desamparo ante organismos
internacionales surge de la anomalía de que la restricción de derechos la sufre
la población que emplea la única lengua oficial en todo el Estado.
Paradójicamente, un hipotético estado gallego independiente que ratificase la
Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en los mismos
términos que España, vendría obligado a garantizar la enseñanza en español
para los hablantes de esta lengua, aun sin tener reconocimiento oficial.
Aunque cueste creerlo, esto está sucediendo en un lugar de Europa, les está
sucediendo a ciudadanos europeos, muchos de ellos niños. Cualquier
restricción injustificada de la libertad en Europa debe preocuparnos a todos.