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EL EJECUTIVO DE MONTILLA QUIERE PROTAGONISMO

Primeros choques entre Gobierno y Generalidad por las obras del trasvase

La instalación de las "pequeñas tuberías" en las obras del trasvase del Ebro a Barcelona ha causado ya los primeros choques entre Generalidad y el Gobierno. Según informa La Vanguardia, ambas administraciones no se ponen de acuerdo en el papel que deben desempeñar cada una. A pesar de que el Estado sufragará los 180 millones de euros que costará el trasvase, la Generalidad quiere más protagonismo. Pretenden que esta infraestructura no entre en las inversiones que el Gobierno Central debe realizar en Cataluña, según prevé el Estatuto catalán.


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Noticia publicada el 24-04-2008

(Libertad Digital) La "pequeña tubería" que realizará el trasvase del Ebro a la zona metropolitana de Barcelona ha causado el primer choque entre el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero y la Generalidad de Cataluña. La reunión que celebraron este miércoles las dos administraciones en Madrid se cerró con un auténtico fracaso.
 
A pesar de que los 180 millones de euros que costará la obra serán sufragados por el Estado, el Gobierno  presidido por José Montilla quiere más protagonismo a la hora de decidir la forma en que se realizará la infraestructura. El Ministerio ha adjudicado a la Generalidad el papel de expropiador de los terrenos por los que pasará el trasvase así como el papel de director facultativo de la obra. Sin embargo, estas funciones son escasas y quieren más.
 
Pese a ello, el Gobierno central no negociará aspectos fundamentales como las empresas que llevarán a cabo la obra. El consorcio estaría formado por Sacyr, Dragados, Acciona, FCC y Sando. De este modo, no ha admitido la solicitud de la Generalidad de incluir otra serie de empresas en este consorcio que deben construir 60 kilómetros de "tuberías".
 
Otro de los objetivos que pretendía conseguir la administración catalana es que esta importante obra que se realizará en Cataluña no entre en la inversión en infraestructuras que debe realizar el Gobierno central y que prevé el Estatuto catalán. Hay que recordar que una de las cláusulas que aparecen en este texto y que fue aprobado en el Congreso con la oposición del PP, se dice que el Estado, durante siete años, realizará inversiones en obras de mejora en Cataluña que equivaldrán al peso de Cataluña en España.


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