El "fuego amigo", término que acuñó Felipe González, se ha reavivado, y de qué manera, tras la aprobación por parte del Gobierno de la nueva TDT de pago. Una medida que deja contra las cuerdas al ya maltrecho grupo Prisa y que beneficia claramente a la productora de Jaume Roures, que podrá rentabilizar ahora sus derechos futbolísticos y se convertirá en el principal competidor de Sogecable.

Los profundos cambios en el panorama televisivo que introduce el decreto ley del Gobierno auguran también cambios en la relación del grupo Prisa con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El primer y elocuente ejemplo, la cascada de descalificaciones que vierte este viernes El País sobre el Gobierno por un decreto totalmente contrario a sus intereses.

El diario dedica al asunto dos páginas completas repletas de críticas, un hueco en la portada y uno de sus editoriales. El País suele retrasar un par de días su toma de postura sobre los asuntos relevantes pero en esta ocasión parece haber pensado que la respuesta al Gobierno era urgente. Desde las páginas de opinión, el diario afirma que haber aprobado el nuevo sistema por decreto ley "remite a los peores usos autoritarios e intervencionistas" y se pregunta cuál era la urgencia de aprobar la medida en pleno agosto. Él mismo se da la respuesta: "satisfacer los intereses de un grupo de amigos", en alusión a Mediapro, con quien hace muy poco negociaba una fusión.

El diario se lamenta de que no se hayan tenido en cuenta "las quejas de una parte del sector audiovisual" –se habló de presiones desde el grupo Prisa para retrasar la medida­- y advierte que "un improvisado cambio parcial puede afectar al equilibrio del conjunto en plena crisis". Ese será el caso de Sogecable, que se enfrentará ahora a un competidor tras años de monopolio del fútbol de pago y cuando el grupo se enfrenta a una multimillonaria deuda.

Para El País, la decisión es "escandalosa y abusiva", "atropellada" y "sólo atribuible a las presiones de algún grupo de comunicación y los fabricantes de aparatos descodificadores". "El Gobierno ha preferido atender el interés de unos pocos en un ejemplo de rancio clientelismo", apunta.

En el editorial se alude de pasada al Ministerio de Industria y es que el grupo responsabiliza a Miguel Sebastián del decreto que pone al grupo en serios problemas. En el amplio despliegue dedicado por el diario al tema, comenta las discrepancias que, según cuenta, surgieron en el seno del Consejo de Ministros. Destaca el diario que fue la vicepresidenta económica, Elena Salgado, la que pidió "aclaraciones" a Miguel Sebastián por la "urgencia" de la medida. Las explicaciones fueron las mismas que después dio María Teresa Fernández de la Vega en rueda de prensa. El diario apunta, además, que "algunos ministros han recibido presiones de operadores interesados".

El grupo Prisa, como recuerda El País, piensa ejercer "las acciones que estén a su alcance" para oponerse al decreto, tal y como ya advirtió en su día. La guerra no ha hecho más que empezar.