La Asociación Preeminencia del Derecho de los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado ya ha acusado a la Fiscalía del Supremo de "falta de imparcialidad e indefensión", debido a la aportación de un "documento oculto que no explica de donde lo ha sacado".
Según el diario, la acusación popular ha llegado a tal conclusión tras recibir un informe de la Fiscalía en el que se opone a los hechos que justifican la ampliación de la querella. Ese informe aporta copia de la cancelación de la hipoteca del piso permutado seis meses después de elevarse a escritura pública el canje. De modo que así se justifica el gravamen de una hipoteca.
"Esta actuación de la Fiscalía arroja serias sopechas sobre las irregularidades de la permuta" que realizó Bono, según la acusación. La Gaceta publica que "Bono canceló el saldo de la hipoteca, que ascendía a 212.000 euros en diciembre de 2006, seis meses después de que el piso de Madrid pasara a la propiedad de Reyal Urbis, la inmobiliario de su amigo Rafael Santamaría.
Así lo aseguran en el diario loa abogados Marón y Martínez Segado, que elevan la acusación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo con las siguientes preguntas: "¿Cómo es que habiéndose transmitido la propiedad del piso a Reyal Urbis en julio de 2006 aparece Bono con su Hípica Almenara y su sociedad patrimonial Saja, seis meses después, ocultando la transmisión de la propiedad en diciembre del mismo año y presentándose como propietarios de un fundo que ya era de otro? ¿Hubo un documento privado entre la inmobiliaria y Saja que no aparece inscrito en el Registro de la Propiedad?
Los querellantes, continúa La Gaceta, vuelven a insistir al Supremo que "la tasación independiente que realizó la empresa Envesper Judicial SL valoró el piso de Madrid en 559.779 euros. Y ello sin tener en cuenta hipoteca ni inquilino, cuando el valor a la venta al público según el vendedor era de 1.378.000 euros sin IVA". Eso revela el alto valor del regalo porque permite computar un valor de 800.000 euros.
El informe de la Fiscalía, firmado por José Martín Casallo, sigue exculpando a Bono porque "no se dan los elementos que exigen los tipos penales". Y añade que "una cosa es que en el Registro de la Propiedad, y entre el piso que gravan al piso permutado, aparezca formalmente la existencia de una hipoteca por valor inicial de 300.506,05 euros, y otra muy diferente que dicha carga exista". Esto último ha llamado la atención de los demandantes.
La Fiscalía asegura además que "está acreditado que el capital e intereses de la hipoteca han sido íntegramente abonados, por lo que la misma fue cancelada el 18 de diciembre de 2006". Esto plantea nuevos interrogantes a los querellantes, dice La Gaceta, como de dónde y de qué cuenta sale el traspsaso que cancela la hipoteca, o si el dinero del préstamo fue concertado el mismo día no tuvo nada que ver. También plantean si Reyal Urbis pagó el dinero de la hipoteca y si provenía de una cuenta suya dicha orden de traspaso.