Hace un mes el Juzgado de Instrucción 3 de Granada rechazó asumir la apertura de la fosa donde supuestamente yacen los restos del poeta Federico García Lorca. De esta forma, la magistrada Aurora María Fernández García rechazaba la inhibición propuesta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Este lunes el juez estrella ha presentado ante el Supremo una cuestión de competencia para que el alto tribunal decida qué órgano judicial debe asumir la causa.

Preguntar a una instancia superior sobre una cuestión de competencia es un procedimiento judicial habitual con el que se trata de resolver los conflictos de inhibición entre juzgados. En esta ocasión, el caso tiene una peculiaridad añadida: Garzón está preguntando al mismo tribunal que le imputa por prevaricación en esa causa si debe volver a quedársela.

Tras un largo periodo de dimes y diretes con la Fiscalía de la Audiencia, el pasado mes de noviembre el juez Baltasar Garzón se inhibió de la causa general que abrió a la Guerra Civil y el franquismo a favor de los juzgados territoriales. Meses después, el Tribunal Supremo ha visto indicios de prevaricación contra el instructor por investigar los hechos acontecidos a raíz de 1936.

Ahora, el problema jurídico radica en que algunos de esos juzgados están rechazando asumir la causa. Éste es el caso de la fosa donde supuestamente yacen los restos del poeta granadino Federico García Lorca, ubicada entre las localidades de Víznar y Alfacar, donde tanto la juez de instrucción de Granada como la Audiencia Provincial han rechazado aceptar la inhibición del juez estrella.

Para declararse incompetente, la magistrada Fernández García argumentó en primera instancia que lo acaecido en el partido judicial de Granada durante la Guerra Civil y años posteriores debe considerarse como crímenes "contra la humanidad" y que las desapariciones forzadas no acaecen "de una manera aislada" en cada partido judicial.

Paradoja judicial

La Fiscalía recurrió la decisión ante la Audiencia provincial de Granada, defendiendo, en un informe no vinculante, que estos delitos competen a los órganos judiciales territoriales de los lugares en los que se hayan cometido.

Días después se pronunció la Audiencia de Granada, que rechazó el recurso del fiscal porque éste no recurrió el asunto de manera correcta. El auto que rechaza la inhibición "está dictado en el curso de un procedimiento abreviado", por lo que contra él cabría, según la Audiencia granadina, un recurso de apelación pero no de queja.

 

Llegados a esta punto, Garzón se ha visto obligado a presentar ante el registro del Tribunal Supremo una cuestión de competencia que paradójicamente le podría devolver el caso por el que ese mismo tribunal le imputa un delito de prevaricación.

La cuestión de competencia quedó registrada en el Alto Tribunal el pasado 26 de junio, segun han informado fuentes del Alto Tribunal. Ahora, el fiscal del Supremo deberá emitir un informe y entonces la Sala de lo Penal será la encargada de tramitar la petición, para lo que fijará una fecha para la deliberación y tras ello dictará un auto en el que acuerde qué órgano judicial es el competente para investigar los hechos.