L D (Agencias) Las personas procedentes de otras provincias llegarán a Madrid en dos aviones desde Tenerife y Baleares y en más de 500 autobuses, trenes y coches particulares, explicó en una conferencia de prensa conjunta el secretario general Enseñanza del sindicato USO, José Luis Fernández, que resaltó queunas 300 asociaciones apoyan la movilización.
Las organizaciones convocantes, de profesores, padres, centros educativos y alumnos, volvieron a pedir la paralización del proyecto legislativo, que se encuentra en tramitación parlamentaria, que el Gobierno se siente a hablar "a fondo" con toda la comunidad educativa y un pacto social y político. Aseguraron que la ley no gusta absolutamente a nadie. Tampoco, según dijeron, a las organizaciones, que ni convocan ni apoyan la ley.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, que aseguró que habrá representación de su partido en la manifestación, aunque no confirmó quiénes acudirán, señaló que la protesta es en "defensa de principios constitucionales y fundamentales", como la libertad de enseñanza que, en su opinión, "queda seriamente tocada por el proyecto" del Gobierno socialista.
Tras asegurar que esta ley "revela una vez más la forma de entender la democracia por parte de algunos", apuntó que el PSOE "va a conseguir un pacto educativo, pero en contra de la ley". Subrayó que la manifestación del próximo sábado "coincide con los postulados que defiende el PP" que, precisó, "son de sentido común e importantes para abordar los asuntos capitales de la sociedad".
El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos, (CONCAPA), Luis Carbonel, dijo que se trata de una ley "impuesta", reflejo de "totalitarismo", pues quiere implantar "una moral de Estado", en alusión a la nueva área de Educación para la Ciudadanía. "No queremos –agregó– que nadie nos diga dónde escolarizar a nuestros hijos porque no son hijos del Estado", y apuntó que la manifestación no sería la última medida, en alusión a un eventual recurso en el Tribunal Constitucional.
Isabel Bazo, presidenta de la patronal CECE, que agrupa a cerca de 6.000 centros privados, insistió en que se debe garantizar la libertad de empresa y los derechos educativos de la Constitución. El proyecto es "sumamente opresor", "obstruye" la libertad de enseñanza y pretende su "estatalización", aseguró "No salimos a la calle por dinero –precisó–; para nosotros, lo primero es el sistema educativo y después hablaremos de financiación".
Por la Asociación de Profesores de Secundaria (APS), Blanca García Olmos denunció las tasas de fracaso escolar, con un 25 por ciento de alumnos que no consigue el título de ESO, que forma parte de la enseñanza obligatoria. Denunció que las clases se han convertido en "guarderías de adolescentes" y que la LOE no ha incluido los consejos de los docentes, que se ven cada vez más impotentes.
Fernández, de USO, definió como "filtración" que se utiliza "políticamente" la información sobre un acuerdo entre el Grupo Socialista y dos sindicatos de la enseñanza concertada sobre subidas salariales y una eventual revisión de los módulos de concierto. Por el contrario, exigió un gran acuerdo entre todos, no sólo con profesores como el ya suscrito en la educación pública, sino también con padres y centros.
"Esta manifestación es un toque de atención importante al Ejecutivo; echamos la piedra al tejado del Gobierno, que es quien se tiene que mover", apostilló. Los convocantes han desestimado que la manifestación transcurriera por delante del Ministerio de Educación o el Congreso por ser sábado y no haber actividad política.