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PREPARAN MOVILIZACIONES

Rebelión en las aulas: los profesores andaluces recurren el Reglamento de Centros

"La norma educativa más importante de esta legislatura", como la llamó la ex consejera Mar Moreno, ha saltado por los aires porque con su texto final no están de acuerdo la mayoría de los sindicatos de profesores.

La plataforma intersindical contra los ROC (Reglamento Orgánico de los Centros) -compuesta por los sindicatos CGT, CSIF, SADI, SIEP, UGT, USTEA y la asociación de profesores PIENSA- anunció ayer que están preparando diversas movilizaciones, campañas informativas y acciones judiciales.

La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía, APIA, acaba de avisar de la interposición de una demanda contra el Decreto del ROC al que acusa de demoler la Enseñanza Secundaria andaluza. Considera que viola flagrantemente preceptos legales contenidos en la Constitución Española, el Estatuto Básico del Empleado Público, La Ley Orgánica de Educación y la propia Ley de Educación de Andalucía. La secretaría jurídica de CSIF ya ha iniciado los trámites para recurrirlo.

El CSIF considera que otorga "excesiva" potestad disciplinaria a los directores. Para la plataforma sindical mencionada, los reglamentos supondrán un "grave deterioro" de la educación desde el punto de vista académico y una "grave agresión a la democracia" de los colegios e institutos, ya que "aumentan la burocracia y la carga del profesorado y otorgan a los directores competencias que no están justificadas bajo ningún concepto". Otros denuncian que, además, la Junta no se ha aclarado en su forma de aplicación y que, a última hora, van y vienen los inspectores educativos por los centros explicando cómo aplicar el denostado reglamento.

APIA ha elaborado una compilación -comentada- (acompañada de las instrucciones pertinentes) de normas legales de todo tipo ("Manual del perfecto resistente") que la Consejería incumple por sistema, sin que nada ni nadie, por regla general, le haya exigido nunca algún tipo de responsabilidad. Nosotros, como es natural, no vamos a formar parte de ese ejército de serviles.

APIA denuncia que es ilógico que haya entrado en vigor la nueva reglamentación de los IES sin que esté elaborado el nuevo Plan de Centro, del que dependen múltiples aspectos del funcionamiento de los institutos (el decreto concede un plazo de un año para su elaboración y ulterior aprobación).

Se ha prorrogado transitoriamente la estructura organizativa departamental, aunque en consonancia con el inequívoco objetivo de proceder al desmantelamiento de la enseñanza secundaria como tal, ha entrado en vigor la restricción anunciada de las horas dedicadas a las jefaturas de los departamentos, convertidos en la bestia negra de la Consejería.

Y añade: "La estrategia es clara, una vez constatada la inutilidad de otras formas persuasivas (recordemos el ilegal programa de calidad) para que dejemos de enseñar y nos centremos en mil y un aspectos folclóricos (que hoy dan contenido a la política educativa oficial), sólo quedaba un camino para conseguir este ansiado objetivo: acabar con los departamentos didácticos; únicos órganos de coordinación docente reconocidos por la Ley Orgánica de Educación, y en donde se integran los profesores de las diferentes especialidades, encargados de impartir las materias correspondientes.

Una estructura lógica que ha saltado por los aires como consecuencia de la importación ilegítima (y temeraria) del modelo de organización de la enseñanza primaria a un nivel educativo diferente. Toda una obra de ingeniería social que sólo puede depararnos más fracaso aún.

APIA acaba de avisar de la interposición de una demanda contra el Decreto del ROC "una norma regresiva que nos retrotrae a un concepto de participación democrática en la gestión de los institutos (reconocida para los todos los funcionarios en el Estatuto Básico del Empleado Público) más acorde con la democracia orgánica de los tercios familiares franquistas que con los modernos principios constitucionales propios de un Estado de Derecho.

Este Decreto, de clara vocación liberticida, anula por completo el ejercicio de la libertad de cátedra, derecho amparado por nuestra Constitución y reconocido por una asentada doctrina del Tribunal Constitucional." La educación en Andalucía sigue sin arreglo.

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