RTVE: Lo que los sabios proponen

• El Estado deberá asumir el pago de la deuda actual de RTVE (más de 6.200 millones de euros al término de 2003) o cancelarla. El informe propone que se cajee por deuda del Estado o la cancele mediante una emisión de títulos a largo plazo por el importe de la misma.
• Mejorar la rentabilidad para TVE de los espacios publicitarios y procurar obtener mayores ingresos por las prestaciones de servicios y, sobre todo, por la venta de programas. Convendría también racionalizar la gestión y el aprovechamiento de los inmuebles.
• Reducir la cifra de aprovisionamientos.
• Actuar sobre los gastos de personal reduciendo la plantilla de los 9.445 trabajadores actuales a 4.100. El costo total de este ajuste se amortizaría en menos de un año con la disminución salarial que se derivaría del mismo.

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MODIFICACIÓN DEL MODELO ACTUAL

• Terminar con el sistema mixto de televisión existente en la actualidad, en el que coexisten dos cadenas.
• Crear dos sociedades independientes sometidas a la Ley de Sociedades Anónimas. Dichas sociedades serían de propiedad estatal y podrían seguir encuadradas en la SEPI, tras recibir el Estado una aportación de capital inicial suficiente. Una de las sociedades desempeñaría funciones estrictas de servicio público y se financiaría sólo con aportaciones públicas previamente establecidas y la venta de sus productos, mientras que la otra tendría carácter comercial y se financiaría mediante publicidad, la venta de sus productos y el endeudamiento en condiciones de mercado.
• También proponen los sabios crear otras dos sociedades, una de ellas podría ser una sociedad holding y la otra una empresa independiente, con parte del personal y el inmovilizado actual de RTVE dedicada a ofrecer a las productoras los servicios de producción en general, a precios de mercado.
• Los centros territoriales de televisión deberían desaparecer, al menos en aquellas comunidades donde existen canales autonómicos. Esta propuesta no implica una retirada total de los medios estatales, puesto que una parte reducida de las estructuras actuales debería quedar como apoyo a la dirección nacional de servicios informativos, manteniéndose el de Cataluña además como centro de producción especializada. Esto es porque un 42,3 por ciento de los resultados negativos de RTVE es imputable a los centros territoriales.
• Creación de un Consejo Audiovisual que sustituya la función de control del Parlamento.

• Los sabios proponen que cada una de las sociedades se rija por los siguientes órganos: Un Presidente nombrado por un comité de dirección; un Comité de Dirección no superior a cinco miembros que se ocuparía de la gestión y sólo rendiría cuentas ante el Consejo de Administración; un Consejo de Administración no superior a quince miembros que se encargaría de aprobar las orientaciones generales y las decisiones a largo plazo que le encargasen los Estatutos a propuesta del Comité de Dirección. También respondería ante el Consejo Audiovisual y el Parlamento.
• La composición de estos órganos rectores se realizaría de la siguiente manera: Los miembros del Comité de Dirección serían nombrados por el Consejo de Administración por mayoría de dos tercios sobre una lista del doble número de candidatos propuesta por el Gobierno. El presidente sería elegido por mayoría absoluta entre los cinco miembros. El Consejo de Administración estaría compuesto por cinco miembros elegidos por el Congreso y otros cinco por el Senado por mayoría de dos tercios y sobre una lista con un número de candidatos igual al doble del número de puestos a cubrir. La relación de aspirante podría ser propuesta bien por el Gobierno o bien por los partidos políticos con representación parlamentaria, en proporción al número de sus votos. Dos miembros más serían nombrados por los trabajadores y otros dos por la SEPI en el caso de que la Presidencia del Consejo recayera en el Presidente del Comité de Dirección. Si se decidiese que la presidencia del Consejo recayera en una persona distinta del presidente del Comité de Dirección, podría sumarse al Consejo un representante del Ministerio de Hacienda o de algún otro Ministerio. En este caso, la persona que ocupara la presidencia del Consejo debería ser elegida por mayoría absoluta entre los miembros del Consejo de Administración.
• La duración del mandato de todos los cargos debería ser superior a una legislatura, unos seis años.

• Sus contenidos deben acomodarse a la definición de servicio público que se establezca.
• Potenciar el Instituto Oficial de Radiotelevisión para formar profesionales.
• Que una de las cadenas se encargue de emitir, junto a la programación abierta generalista, programas temáticos de pago.
• Creación de una Ley de lo Audiovisual que establezca patrones sobre el contenido de la programación aplicables a todas las cadenas para evitar que la lucha por la audiencia genere una deriva general hacia contenidos de baja calidad pero de gran aceptación por el público
• El informe también destaca la necesidad de que las televisiones públicas patrocinen el cine nacional: invirtiendo en la industria cinematográfica; a través de la compra previa de los derechos de difusión de una película; mediante acuerdos con compañías de otros países para aumentar la financiación disponible y el mercado potencial; intercambiando películas y programas (para lo cual es importante establecer ayudas al doblaje y al subtitulado); estableciendo contactos permanentes entre productores de televisión y cine; anunciando gratuitamente películas en la televisión.