Este organismo del máximo órgano de gobierno de los jueces ha respaldado con esta decisión el informe elaborado por el instructor a petición del propio consejo y en el que proponía que se sancionara al juez Tirado con una multa económica que fijó en 1.500 euros. En contra de esa postura se posicionó la Fiscalía, quien propuso elevar esa sanción a falta "muy grave", penada con una suspensión de hasta tres años, traslado forzoso o incluso apartarle de la carrera judicial, tal y como solicitaba la familia de Mari Luz Cortés.

 

El juez  recurrirá contra el acuerdo porque "no está contento en absoluto" y la resolución "no le puede satisfacer de ninguna forma". Así lo ha expresado su abogado en declaraciones a los periodistas tras conocer la decisión. El abogado de Tirado ha afirmado que su representado "no acepta ni siquiera que se trate de falta grave" y ha declarado que las responsabilidades por el retraso de la tramitación de la sentencia que condenaba por abusos al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés es "un fallo colectivo en el sistema de las ejecuciones penales", y ha añadido que es una práctica habitual en España el intentar buscar algún culpable cuando hay un fracaso colectivo.

Así, en este caso se elige una persona como responsable cuando son muchos, y al final "alguien responde por lo que son responsabilidades compartidas", cuando "sabemos que en otros muchos casos, no sólo en los tribunales sino el propio Consejo, no se puede pedir responsabilidad por un resultado que depende de la mente de un criminal". Además, ha lamentado que en este caso "se han entremezclado las opiniones y los reproches".

Ha explicado que el juez siempre ha guardado silencio por respeto a la familia, al igual que actualmente, por lo que no ha querido responder a las declaraciones del padre de Mari Luz, Juan José Cortés, en las que ha asegurado que la decisión del Consejo General del Poder Judicial ha sido "un golpe a toda la sociedad española". Ha añadido que el juez hará público en los próximos días un comunicado, cuando conozca el acuerdo y se hagan públicas las alegaciones, en el que se conocerá con más detalle "lo que piensa en relación a la pena".

 

Mientras, pendiente de resolución está el caso del juez de Primera instancia número 9 de Murcia, Fernando Ferrín Calamita -investigado peanlmene por retardar supuestamente el expediente de una mujer que quería conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal que condene al juez a 18 años de inhabilitación de sus funciones jurisdiccionales al considerar culpable de un delito de prevaricación.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado 19 de febrero por tres votos contra dos suspender cautelarmente en sus funciones al juez después de que el TSJM admitiera a trámite la citada querella que presentó una mujer contra él por retrasar "de manera maliciosa" el expediente para conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.