Trinidad Jiménez se reunió este lunes con los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez. Tras el encuentro, dejó claro que la postura del Gobierno está del lado de los sindicatos en sus críticas a la gestión de la Sanidad de la Comunidad de Madrid.

La ministra de Sanidad afirmó que los servicios jurídicos que dirige están estudiando la Ley de Libre Elección y Área Única de la Comunidad de Madrid al entender que puede contener algunas cuestiones que pudieran ser "incompatibles con la Ley General de Sanidad". Afirmó que cuando tuvieron conocimiento del la redacción de la ley la estudiaron, como hacen con todos los proyectos de ley de las comunidades autónomas, y que "en este momento está siendo revisada por los servicios jurídicos" del Ministerio porque entienden que "presenta algunas cuestiones que pudieran ser incompatibles con la propia ley general de Sanidad, que es el marco que obliga a todas las comunidades autónomas en su desarrollo normativo". La norma fue aprobada hace tres meses.

"Estamos en ese proceso de análisis jurídico y será el Ministerio de Administración Territorial, en función de los informes que les hagamos desde el Ministerio de Sanidad, el que finalmente tomará una decisión pero, evidentemente, había unas cuestiones planteadas en ese proyecto de ley que nos preocupan en el Ministerio de Sanidad como es la creación de un área única, que englobaría a más de 6 millones de personas y que, desde nuestro punto de vista, dificultaría la propia gestión, organización y funcionamiento de los servicios sanitarios", expuso la ministra.

Según dijo, quieren esperar a los informes de los servicios jurídicos para reunirse con la Comunidad de Madrid y "tratar de llegar a un acuerdo que permita hacer compatible lo que viene definido en la Ley General de sanidad con los desarrollos normativos" en el ámbito autonómico. La ley de Aguirre entrará en vigor, según los plazos previstos, en el primer trimestre de este año, informa ABC. Permitirá la elección de médico de familia, pediatra y enfermera en atención primaria y de especialista.

El sindicalista Javier López informó de que la ministra les trasladó, en el seno de la reunión, que el Ministerio de Sanidad ya se había dirigido a la Comunidad de Madrid durante el trámite parlamentario de la Ley para "advertirle de la probable ilegalidad de establecer un área de salud única para toda la Comunidad de Madrid, sustentándolo en la libre elección".

López aprovechó para criticar la, a su juicio, "ocurrencia" de una sola área y defendió que si lo que se quiere es implantar la libre elección, "no hace falta implantar el área única", sino que "se pueden crear áreas de gestión compartida para las compras, o para la gestión de los pacientes".

Por su parte, desde UGT José Ricardo Martínez se mostró de acuerdo con su homólogo y consideró que la ley va "contra la equidad, el sentido común y adolece el respeto a las necesidades de las personas". "Nosotros la consideramos desde este momento absolutamente ilegal, a pesar de que el Ministerio nos ha trasladado que están en un proceso de estudio y análisis", manifestó.

Con sus críticas puede tener mucho que ver con otra de las consecuencias del Área Única: la reducción del número de liberados sindicales. Según explicó este lunes el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, el miedo de los sindicatos está detrás de estas críticas. En la actualidad, apuntó, hay 918 liberados a tiempo completo que cuestan, especificó, 30 millones de euros al año y que se verían reducidos por la reorganización que supondría el área única.