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LAS DEUDAS ASFIXIAN AL GRUPO
Situación crítica de Prisa: los acreedores exigen un socio que aporte 300 millones
Las deudas asfixian cada vez más al Grupo Prisa. Tras el anuncio del cierre de la cadena Crisol, este jueves se han hecho públicas las condiciones de los bancos acreedores al imperio mediático: la entrada de un socio que aporte al menos 300 millones y la reducción de la masa salarial en un 14%.
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(Libertad Digital) El Grupo Prisa acumula una deuda que asciende a 5.044 millones de euros y los bancos acreedores ya han puesto sus condiciones a la compañía dirigida por Ignacio Polanco. De hecho, según informa soitu.es, le han exigido que reduzca la masa salarial en un 14% así como la entrada de un socio que tenga la capacidad de aportar al menos 300 millones de euros.
Esta reducción salarial puede generar un nuevo conflicto en el interior del grupo mediático, por lo que Prisa volverá a realizar otra serie de negociaciones con los trabajadores para rebajar la masa salarial. El año pasado ya se produjo una reestructuración en la redacción de El País y se cerró la cadena de televisión Localia.
Nueva medida: cierre de Crisol
De hecho, el grupo Prisa anunció este miércoles el cese de la actividad de la cadena de tiendas de venta de libros Crisol, que formaba parte del Grupo Santillana, ya que en la actualidad "no presenta posibilidades viables de crecimiento".
El Grupo Santillana, propietario de la cadena, ha decidido cesar la actividad de la misma para centrarse en su principal negocio editorial, con el propósito de mejorar sus márgenes operativos y, por tanto, sus resultados económicos, según ha informado el grupo Prisa.
Situación difícil para Prisa
A pesar de la situación insostenible de Prisa, el grupo asegura que ha renovado 1.900 millones de euros de deuda (el total alcanza los 5.000 millones) con sus acreedores por un año más, pero el acuerdo estaría condicionado al citado plan de viabilidad que, de momento, no ha sido difundido de forma oficial.
La editora de medios sigue intentando vender su plataforma Digital +, pero sigue sin encontrar comprador. Además, ha vendido su patrimonio inmobiliario (las sedes de Madrid y Barcelona tanto de la cadena SER, el emblemático edificio de la Gran Vía, como de El País).
Si finalmente el Gobierno decide aprobar la nueva televisión de pago –como quiere el Ministerio de Industria- las cosas se pondrán peor para la empresa de Juan Luís Cebrián, beneficiando a La Sexta, cadena que ha destinado muchos recursos a la compra de derechos televisivos de espectáculos deportivos, como La Liga de Fútbol y la Formula 1.
La Sexta, Prisa y la TDT
La TDT de pago dejaría en una situación crítica a Prisa, por lo que el grupo ha intentado presionar al Gobierno para frenar esta iniciativa, que dañaría sobremanera sus intereses, y más en la situación actual, y beneficiaria a Mediapro, su rival y nuevo "mejor amigo" del presidente Rodríguez Zapatero.
En concreto, el grupo Prisa ha criticado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo "por aumentar la confusión" acerca de las políticas audiovisuales del Gobierno con su nota sobre la televisión digital terrestre de pago.
La razón: el Departamento que dirige Miguel Sebastián hizo público un comunicado en el que señalaba que los operadores de televisión privada de ámbito nacional que quieran emitir televisión digital terrestre (TDT) de pago "pueden pedir desde este miércoles" la autorización necesaria al Ministerio de Industria. Prisa respondió que "aunque es preciso un análisis técnico más elaborado de la declaración hecha pública, la Ley no contempla la TDT de pago, por lo que la decisión del Ministerio de Industria no es válida".
De hecho, el grupo Prisa anunció este miércoles el cese de la actividad de la cadena de tiendas de venta de libros Crisol, que formaba parte del Grupo Santillana, ya que en la actualidad "no presenta posibilidades viables de crecimiento".
El Grupo Santillana, propietario de la cadena, ha decidido cesar la actividad de la misma para centrarse en su principal negocio editorial, con el propósito de mejorar sus márgenes operativos y, por tanto, sus resultados económicos, según ha informado el grupo Prisa.
Situación difícil para Prisa
A pesar de la situación insostenible de Prisa, el grupo asegura que ha renovado 1.900 millones de euros de deuda (el total alcanza los 5.000 millones) con sus acreedores por un año más, pero el acuerdo estaría condicionado al citado plan de viabilidad que, de momento, no ha sido difundido de forma oficial.
La editora de medios sigue intentando vender su plataforma Digital +, pero sigue sin encontrar comprador. Además, ha vendido su patrimonio inmobiliario (las sedes de Madrid y Barcelona tanto de la cadena SER, el emblemático edificio de la Gran Vía, como de El País).
Si finalmente el Gobierno decide aprobar la nueva televisión de pago –como quiere el Ministerio de Industria- las cosas se pondrán peor para la empresa de Juan Luís Cebrián, beneficiando a La Sexta, cadena que ha destinado muchos recursos a la compra de derechos televisivos de espectáculos deportivos, como La Liga de Fútbol y la Formula 1.
La Sexta, Prisa y la TDT
La TDT de pago dejaría en una situación crítica a Prisa, por lo que el grupo ha intentado presionar al Gobierno para frenar esta iniciativa, que dañaría sobremanera sus intereses, y más en la situación actual, y beneficiaria a Mediapro, su rival y nuevo "mejor amigo" del presidente Rodríguez Zapatero.
En concreto, el grupo Prisa ha criticado al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo "por aumentar la confusión" acerca de las políticas audiovisuales del Gobierno con su nota sobre la televisión digital terrestre de pago.
La razón: el Departamento que dirige Miguel Sebastián hizo público un comunicado en el que señalaba que los operadores de televisión privada de ámbito nacional que quieran emitir televisión digital terrestre (TDT) de pago "pueden pedir desde este miércoles" la autorización necesaria al Ministerio de Industria. Prisa respondió que "aunque es preciso un análisis técnico más elaborado de la declaración hecha pública, la Ley no contempla la TDT de pago, por lo que la decisión del Ministerio de Industria no es válida".
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