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The New York Times veta una carta colectiva que respondía a su editorial pro-Garzón

 

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El pasado 9 de abril, The New York Times publicó un editorial titulado "An Injustice in Spain" en el que trataba de la causa abierta contra el juez Garzón relacionada con la Ley de Memoria Histórica. La carta que publicamos a continuación, en su original en inglés y en traducción al español,  se remitió al periódico norteamericano  el 19 de abril, sin que hasta ahora haya aparecido.  Sus firmantes fueron Luis M. Linde, Antonio Gracia, Fernando Eguidazu, Carlos Bustelo, Antonio Vázquez y Manuel García-Aranda. Creemos que puede tener interés para nuestros lectores.

Versión es español. Traducción de Gabriela Bustelo

Al editor de la página de Opinión de The New York Times

Estimado señor:

Su editorial “An Injustice in Spain” del 9 de abril plantea que si los crímenes que el juez Garzón pretendía investigar fueron “como parece probable… crímenes contra la humanidad según la ley internacional, la amnistía española de 1977 no hubiera podido indultarlos legalmente”.

Si la ley internacional a la que nos referimos es el llamado “Estatuto de Roma” de la Corte Penal Internacional (1998), durante la Guerra Civil española se produjeron dos sucesos que podrían calificarse de “crímenes contra la humanidad” (según el artículo 7 de ese Estatuto) por encima de ningún otro: 1) el asesinato de casi 7.000 sacerdotes, frailes, monjas y miembros de asociaciones católicas por ningún otro motivo salvo el de ser creyentes o miembros activos de la Iglesia; y 2) la decisión, llevada a cabo en noviembre y diciembre de 1936 por las autoridades comunistas y sus asesores soviéticos del Comisariado Popular para Asuntos Internos (NKVD), que en ese momento controlaban los dispositivos de seguridad en Madrid,  de exterminar a todos los presos “políticos” recluidos en las cárceles de Madrid y otros centros de detención supervisados por los partidos del Frente Popular y otras organizaciones . Los presos eran miembros del Ejército sin responsabilidad alguna en la revuelta militar, ciudadanos de las clases altas y medias, funcionarios, políticos, abogados, médicos, jueces, artistas, profesores, escritores y periodistas, todos ellos sospechosos de simpatizar con el alzamiento militar. Entre 6.000 y 8.000 personas murieron asesinadas, incluidos muchos jóvenes detenidos con sus padres sin motivo alguno.

Con o sin leyes de amnistía, es imposible procesar a ciudadanos ya fallecidos, tanto en España como, a nuestro leal saber y entender, en cualquier otro país del mundo. Los responsables de los crímenes de ambos bandos durante y después de la guerra murieron hace tiempo. Pero hay una excepción muy relevante: Santiago Carrillo, un histórico líder comunista que, indudablemente,  estuvo relacionado con el asesinato masivo cometido en Madrid en noviembre de 1936 y que sigue vivo.

El señor Carrillo, que tiene 95 años, tuvo un papel muy positivo en la transición democrática llevada a cabo tras la muerte de Franco. De hecho , tanto él como su partido apoyaron la Ley de Amnistía de 1977, una importante pieza de la arquitectura política que permitió a España pasar pacíficamente de la dictadura a la democracia.

A una gran mayoría de españoles les parecería una locura llevar al señor Carrillo a juicio basándose en el argumento de que el Estatuto de Roma de 1998 pueda suplantar a la amnistía de 1977. A día de hoy,  tanto la Guerra Civil como el régimen franquista deben quedar  en manos de los historiadores, no de los jueces. Es absurdo mezclar esas dos consideraciones,  o intentar establecer un canon histórico que haga “Justicia” para cualquiera de los dos bandos. El intento por parte del señor Garzón de presentar una cause célèbre guarda poca relación con la justicia. En España somos muchos quienes pensamos que ha sido un espectáculo político dirigido al consumo interno, pero ideado también para potenciar su estatus de celebridad internacional.
 

Madrid, 19 abril, 2010


Versión original en inglés

To the editor of the Editorial Page, The New York Times

Sir:

According to the editorial “An Injustice in Spain”, published on April 9th,  if the crimes Judge Garzón tried to investigate were “as seems likely…crimes against humanity under international law, Spain’s 1977 amnesty could not legally absolve them”. 

If the so called Rome Statute (the 1998 International Criminal Court’s rules)  is the reference,  two Spanish Civil War events seem to qualify as “crimes against humanity” (article 7 of the Statute) better than any other: 1)the murder of nearly 7,000  Catholic priests, monks, nuns and  Catholic associations’ members,  for no other crime than being believers or Church’s active members,   and 2) the decision, which was carried out  in  November and December 1936, by the communist authorities and their soviet NKVD advisers, having at the time de facto control of security matters in Madrid, to exterminate all  the “political” detainees  in  Madrid prisons and other centers of detention under the control of  Popular Front parties and other  organizations. The prisoners were Army’s officers –without any known responsibility in the military revolt-, upper and middle class individuals, public employees,  politicians, lawyers, doctors,  judges, artists, professors, writers and journalists, all of them suspected of being in sympathy with the  military rebellion.  Between 6,000 and 8,000 persons were murdered, even very young people who were arrested with their parents.

 With or without amnesty laws, no legal prosecution is possible against the dead, neither in Spain, nor, to the best of our knowledge, in any other country. Those responsible for the crimes committed by both sides during and after the war died long ago. But there is a very relevant exception: Mr. Santiago Carrillo, an historical communist leader, who was undoubtedly involved in or connected with the mass-murder decision taken in Madrid, November 1936, and who is still alive.

Mr. Carrillo, who is now 95 years old, played a very positive role in the transition to democracy after Franco’s death.  Indeed, he and his party, the Communist Party, did support the 1977 Amnesty Law, an important piece in the political architecture which allowed Spain to pass peacefully from a dictatorship to a democracy.

A very large majority of Spaniards would consider it a crazy idea to put Mr. Carrillo on trial with the argument that the 1998 Rome Statute supersedes the 1977 amnesty. Today, the Spanish Civil War and the regime of General Franco are tasks for historians, not for judges.  Mixing the two or trying to establish a canon of that history which satisfies “Justice” on either side is nonsense. Mr. Garzón’ s attempt to launch a new cause célèbre   has very little to do with justice. Rather, we are many in Spain to believe that it was a show for domestic political consumption and a leverage for a further enhancement of his status as an international celebrity.

Madrid, April 19, 2010.


 

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