El portavoz del PP en Palma de Mallorca, Rafael Durán, presunto implicado en el caso "Palma Arena", ha relatado para el diario El Mundo cómo vivió su detención y posterior encarcelamiento. Según dice, ha estado preso "por un delito que ni siquiera conlleva pena de cárcel".

"Ya todo lo que haga en mi vida estará marcado por mi foto con las esposas. El juicio ya me lo han hecho", lamenta Durán, para quien la Fiscalía le ha utilizado como mero reclamo mediático para que su presencia amplificara la noticia.

Explica que pidieron "expresamente" que no les hicieran "ir andando por la calle con las esposas puestas hasta llegar al furgón policial porque había policías". La contestación fue que el vehículo policial "no cabía por la puerta del garaje".

También habla del escándalo de las esposas: "nos dijeron que nos esposarían las derechas porque ése es el procedimiento. Nos extrañó y nos lo repitieron claramente; derecha con derecha".

"He estado tres días comiendo bocadillos de queso, sin poderme ducha y compartiendo grifo con heroinómanos para beber y lavarme la cara", relata, y es que ha estado 72 horas en un calabozo "con colchonetas meadas".

Sobre las acusaciones de inflar las cuentas del velódromo de Palma se niega a contestar porque, según argumentó, la investigación está sometida "al secreto del sumario". "Lo único que puedo decir es que Matas (ex presidente del Gobierno balear, PP) nunca me dio ninguna indicación".

Preguntado por si establece algún vínculo entre el caso "Palma Arena" y Gürtel, asegura que "las casualidades no existe y nunca he creído en ellas".

Comunicado del PP

Por su parte, el PP, a través de un comunicado, exigió el domingo que la Fiscalía General del Estado y el ministro del Interior comparezcan ante el Congreso de los Diputados para dar cuenta "de la constante utilización partidista y sectaria de los aparatos del poder público" contra sus militantes y dirigentes.

El PP ha explicado que los presuntos implicados en la "operación Espada" fueron detenidos e ingresados en prisión hasta el límite mismo de las 72 horas para ser interrogados por los fiscales anticorrupción, prolongándose incluso este plazo durante los interrogatorios judiciales.