El fiscal del Tribunal de Cuentas ha trasladado a Anticorrupción el caso Seseña por la relevancia penal de las irregularidades en la actuación de la Junta.
Fuentes solventes confirmaron la noticia al diario El Mundo, que explica que el fiscal del Tribunal de Cuentas, Olayo Eduardo González, ha tomado la decisión de trasladar el caso a Anticorrupción por haber detectado irregularidades con relevancia penal en el caso.
Como recuerda el diario, el Ayuntamiento de Seseña adjudicó 1,8 millones de metros cuadrados a El Pocero en 2003 para su macroproyecto urbanístico en un proceso trufado de irregularidades que no fueron detectadas por la Junta de Castilla-La Mancha, entonces presidida por José Bono. Un año después, Francisco Hernando se encargó de unas obras de remodelación en la hípica del presidente del Congreso, apunta El Mundo.
En el informe que será trasladado a Anticorrupción, en el que se ha implicado el Ministerio Fiscal, se especifica que la Junta regional "debería ejercitar las funciones de ordenación, control, inspección sanción e intervención" en este ámbito y que de haberlo hecho adecuadamente en este caso, "podrían haberse impedido parte de las irregularidades".
El fiscal ha tomado, además, otras dos medidas. Por un lado, abrirá diligencias para esclarecer responsabilidades desde el punto de vista de las cuentas públicas. Por otro, reactivará una denuncia presentada en 2003 por el actual alcalde de Seseña contra el Pocero y un concejal socialista, posteriormente retirada. En opinión de la Fiscalía, la supuesta malversación de caudales públicos objeto de la denuncia es perseguible de oficio.