El abogado Ismael Rodríguez, amigo íntimo de uno de los fallecidos en el accidente, Laudencio García Martín, se lamentó y destacó que "las familias no olvidan y necesitan una explicación sobre qué paso y por qué. Un año después, no sabemos qué falló para que sucediera esa tragedia".

Al menos una vez al mes, las víctimas canarias se reúnen para darse apoyo y compartir las dificultades que atraviesan a consecuencia de la pérdida de sus seres queridos. "Todavía el accidente está muy fresco. Ahora, nos tocará revivir todo al cumplirse el primer aniversario. Las víctimas esperamos que la causa penal se cierre cuanto antes para saber qué pasó", señaló el letrado.

La mayoría de los damnificados que residen en Canarias están inmersos tanto en la causa penal que instruye el juez de Instrucción número 11 de Madrid, Javier Pérez, como en el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra Boeing, el fabricante del modelo MD-82 que se estrelló en Barajas.

Son conscientes de la complejidad que supone la investigación en España, aunque confían en que la Justicia depure las posibles responsabilidades penales. "Confiamos plenamente en el juez y en el Ministerio Fiscal. Somos conscientes de que determinar las causas del accidente es complicado, pero tenemos que saber quienes son los responsables finales. Las responsabilidades civiles ya se saben", reseñó Rodríguez.

Para el abogado, está claro que "no fue un accidente casual, sino que se produjo a consecuencia de una suma de errores". "Había fallos mecánicos. No cabe que estas diligencias penales se cierren, diciendo que no pasó nada. Fue algo con incidencia penal. Está claro que hubo algún tipo de negligencia y tiene que haber unos responsables penales", apostilló.

Críticas a la Unión Española

El letrado aplaudió la instrucción que está dirigiendo el juez Javier Pérez, quien se ha encontrado con la dificultad de no encontrar peritos imparciales para realizar un informe sobre las causas al margen del elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), dependiente del Ministerio de Fomento.

El informe sobre las causas reveló que el avión no llevaba desplegados los flaps, que son los alerones posteriores que sirven para dar sustentación al aparato. Las continuas filtraciones de los datos obligó al juez a constituir una comisión designada por él para contrastar los resultados elaborado por los expertos de Fomento.

El grupo constituido por el magistrado no ha empezado aún los trabajos, puesto que la mayoría de los peritos que la conforman han sido objeto de recusación por parte de alguna de las partes del proceso. Por ello, el juez recurrió a la Agencia Aérea Europea para pedirla ayuda para elaborar el informe, obteniendo un no por respuesta al carecer ésta de competencia.

 Al respecto, Rodríguez criticó que la Unión Española se niegue a colaborar con la Justicia española para esclarecer uno de los mayores accidentes aéreos vividos en el país. "La UE debería ayudar y poner los medios técnicos al servicio del juez. El magistrado debe contar con todas las garantías. Los familiares nunca entenderían que la investigación se cerrara en falso", incidió el abogado.