El comisario jefe de Seguridad Ciudadana en Baleares ha asumido la responsabilidad en el error de trasladar las órdenes que le había cursado el jefe superior de Policía en las Islas para que los detenidos por el caso Palma Arena no fueran esposados en su traslado a los juzgados, informaron a Europa Press fuentes policiales.

De acuerdo con estas fuentes, en la minuta redactada por el comisario, éste dice que el jefe superior de Baleares le ordenó que los detenidos tuvieran jabón y papel higiénico para asearse antes de acudir al Juzgado con la ropa que le iban a llevar sus familiares, que se les facilitase un cuarto de baño para tal efecto y que su traslado a los juzgados se realizase en un furgón sin otros detenidos y que no fueran esposados. El comisario creía haber transmitido estos extremos a sus subordinados, pero al preguntar a éstos y afirmar que no recuerdan la orden de que no se esposase a los detenidos, asume que el error pudo ser suyo.

Horas antes, el delegado del Gobierno, Ramon Socías, aseguró haber dadoinstrucciones al jefe superior de Baleares, Bartomeu Campaner, sobre el trato que debían recibir los detenidos. Según esta versión Campaner trasladó las citadas órdenes al comisario de Seguridad Ciudadana y éste al inspector jefe del Grupo de Conducciones. El inspector jefe, a su vez, informó al subinspector y éste a los policías que participaron en el traslado.

Varios policías han escrito minutas relatando los hechos y detallando su participación dentro de la investigación que el delegado del Gobierno ha ordenado al jefe superior. En esas minutas se detalla cómo cuatro de los detenidos hicieron uso del baño de los vestuarios de los policías puesto a su disposición para asearse y que un quinto renunció a ello. Igualmente, se dice que los detenidos trasladaron a los policías su agradecimiento por el trato recibido durante las 72 horas que pasaron en dependencias policiales antes de prestar declaración ante el juez.  Con toda esta información, el jefe superior elaborará un informe que trasladará al delegado del Gobierno para que se tomen eventuales medidas contra quien se considere responsable o responsables del error en la cadena de mando.