LD (Pedro de Tena) Este jueves hizo público que sólo en la comarca de la Axarquía de Málaga, donde pertenece Alcaucín, su Consejería tramitó en los últimos 11 años 1.402 denuncias por irregularidades urbanísticas y ha impugnado en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 272 licencias de obras otorgadas por los ayuntamientos contrarias a la ley, la inmensa mayoría para construir en suelo rústico no urbanizable, como en el caso de Alcaucín. Además, se ha sabido que la Justicia ha solicitado nada menos que 62 informes a los inspectores de Urbanismo.
Según El País, estos datos los aportó el consejero de la Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, durante una visita a la provincia de Málaga, en respuesta a los reproches sobre la permisividad y dejación de funciones en el control de la legalidad urbanística que se lanzan a la Junta siempre que se conoce un caso de corrupción o delito relacionado con el urbanismo. Así ha vuelto a ocurrir tras la detención del alcalde de Alcaucín, José Martín Alba (PSOE) y otras 12 personas, entre ellas el jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga en la llamada operación Arcos.
Los inspectores de urbanismo de la Junta han emitido 62 informes a requerimiento de instancias judiciales, de los que el mayor número, 14, son asuntos de Cómpeta, municipio gobernado por el PP cuyo ex alcalde, Leovigildo Hernández, fue condenado a año y medio de prisión por prevaricación urbanística. Seis de estos informes corresponden a Alcaucín. Quedan pues 42 informes que no se sabe a qué municipios afecta.
El consejero trató de echar balones fuera y mostrar que no ha habido negligencia o inacción por parte de la Junta, que ha dado la respuesta que podía dar. Pero, claro, el problema es cómo justificar la idoneidad de una respuesta en una comarca donde la propia Junta de Andalucía admite que hay 10.000 viviendas ilegales. Si a ello se suman, las viviendas ilegales en Chiclana, casi 40.000 y otros muchos casos, la actitud y el comportamiento de la Junta es difícil de justificar.
Además, el consejero Espadas se contradijo con la Diputación de Málaga. Dijo este jueves que en una denuncia que la Junta recibió en 2006 sobre una construcción ilegal en Alcaucín de Crocasa, inmobiliaria de uno de los promotores imputados en la operación Arcos, la Consejería hizo lo que es preceptivo en estos casos, pedir un informe al Ayuntamiento, cuando además se trataba de un suelo urbano y la irregularidad era un volumen de edificabilidad superior al establecido en las Normas Subsidiarias.
El consistorio remitió información en la que sostenía que la obra se ajustaba a la norma y lo avalaba con un informe emitido por el jefe del servicio de Arquitectura de la Diputación imputado. Se archivó, y es que según espadas no cabía sino presuponer la veracidad del informe. Lo anómalo, insistió el consejero, es que un funcionario público firme un informe falso, algo que recordó es delito y por lo que advirtió que la Junta podría también exigir responsabilidades. Pero el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, dijo ayer que el informe no tenía registro de salida, por lo que la institución no lo puede reconocer como propio.
Espadas volvió a insistir en que la Junta “ n o es un gendarme de ayuntamientos, sino que actúa en base a las competencias que tiene ”. El consejero defendió la autonomía local: “Son responsables de todo lo que pasa en sus municipios y absolutamente responsables de la disciplina urbanística”, señaló.