Xurde Rocamundi es uno de los muchos empresarios catalanes sancionados por rotular solamente en castellano en su negocio. En un argumentado y extenso recurso de alzada, pide al director de la Agencia Catalana de Consumo que deje sin efecto el expediente sancionador y la multa de 1.200 euros que lleva aparejado.

Su negocio es una inmobiliaria de la localidad de Arenys de Mar cuyo rótulo y carteles informativos del escaparate y los contratos tipo que se usan en la oficina están redactados en castellano.

Según relata el empresario en el recurso, al que ha tenido acceso LD, una inspección de la Agencia Catalana de Consumo derivó en un acta por no tener los contratos y la rotulación en catalán. Se consideraba que el no tenerlos en catalán vulneraba la Disciplina de Mercado y se proponía una sanción.

Ante esto, Rocamundi presentó una alegación en la que defendía su derecho a usar el castellano. Pero al subdirector general de Disciplina de Mercado de la Agencia Catalana de Consumo, tal y como se desprende de estas conclusiones, le dio igual y le impuso una multa de 1.200 euros. Y calificó los hechos como “una infracción de la disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios”. Realmente la indisciplina consiste en no haber optado por el catalán.

Además, para más inri, no se puede esgrimir que en esta localidad el catalán es una lengua minoritaria, pues el 90% de los comercios rotulan en catalán. A estos, claro, no se les sanciona por no rotular, al menos, también en castellano.

“Si estuvieran sólo en catalán (carteles, rótulo y contrato) no habría sanción alguna, pero al estarlo sólo en castellano sí la hay. El eufemismo al menos en catalán significa, en la práctica y como se demuestra en el presente expediente, que obligatoriamente debe estar en catalán”, denuncia Xurde Rocamundi. “Se trata, en definitiva, al castellano como una lengua extranjera”.

Continúa exponiendo el empresario catalán que, “según la resolución, debemos entender que cuando se hace sólo en catalán o como mínimo en catalán no se vulneran los derechos lingüísticos de los consumidores y/o usuarios”.

Y es que la resolución de la Agencia Catalana de Consumo podría estar amparada en las leyes autonómicas catalanas como la Ley de Política Lingüística y la Ley del Estatuto del Consumidor. “No obstante –señala Rocamundi– la resolución y las normas que le dan cobertura son inconstitucionales porque introducen un trato discriminatorio entre el uso del catalán y el castellano, entre las personas, los ciudadanos, los españoles, que eligen un idioma u otro como herramienta comercial y, en definitiva, de uso cotidiano, salvo que sólo pueda elegirse la lengua en la intimidad”.

Xurde Rocamundi habla de coacción y discriminación. Sobre la primera cuestión, el empresario catalán señala que "la propuesta y la incoación del expediente sancionador ya supone una coacción para el que lo recepciona y una limitación a su libertad (…), pero la sanción impuesta materializa en castigo al desobediente y, además, es usado de ejemplo social a modo de prevención general”.

Y sobre la discriminación, pone de manifiesto que se da en cuanto no existe sanción para quien rotula exclusivamente en catalán. “Igualmente, conlleva otras vulneraciones constitucionales como el derecho al uso del castellano que se reconoce en el artículo 3.1 de la Constitución Española y del principio de libertad lingüística (…)”.

Por todo ello, el empresario de Arenys solicita la revocación de la sanción por supuesta infracción de la disciplina de mercado y defensa de los consumidores y usuarios.

“Por una Cataluña en libertad. No a las multas lingüísticas”

Para denunciar este caso y el de otros numerosos empresarios que están siendo sancionados por la utilización del castellano en sus empresas por la Agencia Catalana de Consumo, la semana pasada se constituyó la Coordinadora “Por una Cataluña en Libertad. No a las multas lingüísticas", Coordinadora en defensa de la libertad de elección de los empresarios catalanes que actualmente están siendo sancionados por presuntos incumplimientos de la Ley de política lingüística.

Esta Coordinadora, integrada por Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Impulso Ciudadano, Partido Popular de Cataluña y Unión Progreso y Democracia, ha convocado una concentración que tendrá lugar el próximo día 30 de enero a las 12:00 en la Plaza de la Iglesia de Arenys de Mar, con el lema “Por una Cataluña en libertad, no a las multas lingüísticas” para denunciar estos hechos y defender la libertad de opción lingüística y la libertad de empresa en Cataluña.