L D (EFE) El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha dictado una sentencia que obliga al colegio público Macías Picavea a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes, después de que un grupo de padres así lo demandara desde 2005.

El juez destaca en la sentencia que el mantenimiento de los símbolos religiosos en este centro educativo conculcaría "derechos fundamentales" consagrados en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución, referidos a la igualdad y la libertad de conciencia.

Al parecer, se trata de la primera sentencia que entra en el fondo de la cuestión reivindicada por la Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid, cuyo portavoz, Fernando Pastor, ha expresado a Efe su "alegría inmensa" por lo que considera "un triunfo de la higiene democrática" frente a una realidad "de otro tiempo, preconstitucional, basada en el nacional-catolicismo".

La sentencia alude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que recuerda que "el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso" y alude a "la laicidad y neutralidad del Estado".

El juez subraya que en el ámbito educativo el tema de la libertad religiosa es "especialmente sensible" porque "en la fase de formación de la personalidad de los jóvenes la enseñanza influye decisivamente en su futuro comportamiento respecto de creencias e inclinaciones". Agrega la sentencia que esta formación religiosa condiciona las conductas de los jóvenes "dentro de una sociedad que aspira a la tolerancia de otras opiniones e ideales que no coincidan con los propios".

Aunque el juez reconoce que la presencia de estos símbolos no puede considerarse enseñanza de la religión católica ni que supongan un acto de proselitismo, puntualiza que la permanencia de estos objetos "vulnera los derechos fundamentales". "La aconfesionalidad implica una visión más exigente de la libertad religiosa, pues implica la neutralidad del Estado frente a las distintas confesiones y, más en general, ante el hecho religioso. Nadie puede sentir que, por motivos religiosos, el Estado le es más o menos próximo que a sus conciudadanos", resume la sentencia.

El portavoz de la Asociación de la Escuela Laica de Valladolid confía en que la Junta de Castilla y León no recurra la sentencia, algo que en su opinión sería una "indecencia" por "intentar perpetuar una situación que vulnera derechos fundamentales", aunque la administración competente en materia educativa tiene ahora un plazo de 15 días para presentar recurso.

Fernando Pastor ha celebrado que "por fin" la Justicia haya "entrado en el fondo de la cuestión", ya que hasta ahora las demandas de un grupo de padres de este centro y los recursos planteados por la Junta de Castilla y León se basaban en "aspectos formales". Para el portavoz de esta asociación "se sienta un precedente a nivel nacional" para que los símbolos religiosos no puedan mantenerse en las aulas de los centros educativos públicos.