(Libertad Digital) Si la nueva ley del aborto sale adelante recogiendo las conclusiones a las que ha llegado el comité de expertos de Aído, será necesario modificar la Ley de Autonomía del Paciente.
Una de las novedades que ha causado más estupor ha sido la posibilidad de que las menores de 16 años puedan abortar sin el permiso paterno. Según la ministra de Igualdad, "si pueden tener hijos y casarse, es coherente que puedan abortar". Sin embargo, el aborto es una intervención quirúrgica con riesgos muy graves para la salud de la madre. Y la ley establece que los menores de edad deben tener esa autorización de sus padres. Es más, en el caso del aborto es imprescindible.
Hasta los 16 años para cualquier operación, el consentimiento informado –papel donde el médico comunica al paciente todos los riesgos que conlleva la intervención– debe estar firmado por el padre o tutor legal del menor. De los 16 a los 18 años, el menor debe ser informado e incluso consultado. Puede firmar el consentimiento informado pero también éste debe contener la firma paterna. En el caso del aborto, hasta la mayoría de edad, el consentimiento informado incorpora la firma del padre y tutor, no siendo necesaria la de la menor. Expertos consultados por LD se muestran asombrados y contrarios a esta modificación.
Duran ve "inconstitucional" la propuesta sobre el aborto al desproteger el feto
El portavoz de CiU en el Congreso y líder de Unió, Duran Lleida, ha considerado "inconstitucional" la propuesta sobre aborto ya que supone la "desprotección legal" del feto hasta la vigésimo segunda semana de gestación.
El comité de expertos también ha propuesto el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 si corre peligro la salud de la madre o el feto presenta graves anomalías. Duran ha opinado que esta propuesta es "contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional (TC)", que en una sentencia del 10 de abril de 1985, según ha recordado, dijo que los derechos de la mujer "no pueden tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus".
El líder ha denunciado en un comunicado que la propuesta del Gobierno español "hace que la vida del nonato no tenga ninguna protección legal" hasta la semana 22.
Según Duran, "entender que hasta la semana 22 se puede abortar en los supuestos de riesgo grave para la salud psíquica de la mujer es tanto como reconocer el aborto libre hasta esta semana de la gestación". "Sólo hace falta examinar los precedentes que ha habido y que acreditan un fraude estructural y sistemático en la interpretación de este riesgo grave para la salud física y psíquica de la madre y que ha supuesto pura y simplemente el aborto libre", ha añadido.
En cuanto a la previsión de que las adolescentes de 16 y 17 años puedan tomar la decisión de abortar sin el consentimiento de sus padres, Duran ha denunciado que representa una "agresión frontal a la potestad parental, es decir, a la función que la Constitución y las leyes atribuyen al padre y a la madre de velar por sus hijos e hijas y de darles asistencia de todo orden".
"Nos gustaría saber por qué excluyen a los padres de una decisión de la trascendencia física, psicológica y jurídica, e incluso moral, que tiene el aborto para una hija", ha agregado. Según Duran, "la familia no es sólo una unidad de prestación de servicios donde los padres están obligados a dar alojamiento, alimentación" y a financiar "la instrucción de los hijos".
"Los gobiernos no pueden expropiar a los padres de esta obligación-derecho, para apropiársela o darla a cualquier otro, ya sea un médico o un asistente social. El interés del menor lo impide. Unió Democràtica se opondrá a estas reformas del Gobierno", ha afirmado.
ANDOC: "Las conclusiones responden sólo a motivos ideológicos"
La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC) cree que las conclusiones de la subcomisión para la reforma de la Ley del aborto, responden sólo "a motivos ideológicos, contradicen el ordenamiento constitucional y carecen de justificación ética, médica, y social". La ANDOC considera en un comunicado que incluir el aborto dentro de los denominados "derechos reproductivos" es algo ajeno a las grandes declaraciones de derechos internacionales aceptadas por todos los países.
Según la ANDOC, la propuesta de una nueva Ley de plazos "supone un cambio trascendental, tanto en el modo de entender el aborto como en la posición de los profesionales de la Sanidad, en particular, en su derecho a la objeción de conciencia". Por lo que insisten en que la objeción de conciencia es, en este caso, un derecho constitucional que no precisa para su ejercicio de una regulación específica.
La ANDOC cree también que los presupuestos en que se fundamentan para regular la objeción de conciencia médica no se corresponden con la realidad, ya que no existe una objeción de conciencia institucional, sino una mayoría de médicos y personal auxiliar que individualmente se niegan a participar en un aborto. Por último, creen que "socialmente es muy dudoso que esta Ley responda a una demanda social: en cualquier caso, la opacidad y precipitación con que ha procedido la Subcomisión, ha hurtado al debate a los ciudadanos".