(Libertad Digital) La Generalidad aprobó el martes 2 de junio el proyecto de Ley de Acogida para Inmigrantes. Según el mismo, será necesario acreditar conocimientos de catalán y de la sociedad catalanapara conseguir el informe de arraigo social que da acceso al permiso de residencia.

La consejera de Acción Social y Ciudadanía, Carme Capdevila, señaló que se trata de "dar oportunidades a las personas inmigradas para su inserción laboral"y "para fomentar su movilidad social", y ha recordado que la ley "desarrolla competencias exclusivas en materia de integración, recogidas en el Estatuto".La ley, al igual que el Pacto Nacional por la Inmigración establece que la lengua de acogida es el catalán. Sólo una vez se conozca catalán, el servicio también ofrecerá la posibilidad de aprender castellano. Hasta 2015, está previsto ofrecer más de 11.700 nuevos cursos iniciales o básicos de catalán con un coste de 34.000.000 de euros anuales.

En un comunicado, UPyD denuncia una vez más el sectarismo y el alejamiento de la realidad social que sufre el Gobierno de la Generalidad. En lugar de propiciar y fomentar las condiciones que permitan a los inmigrantes integrarse en un sociedad abierta, tolerante, en la que la libertad de elección y oportunidades esté presentes, buscan el adoctrinamiento y el sometimiento a la ideología imperante en el poder con la amenaza expresa de que aquél que no se doblegue, deberá sufrir las consecuencias: no podrá vivir en Cataluña.

Para el portavoz de la formación de Rosa Díez en Cataluña,  todo se hace con el único fin de construir una “nación catalana” cerrada y al margen de la realidad en la que se enmarca: perteneciente a España, integrada en Europa y abierta al mundo. Los políticos de la Generalitat una vez más no hacen sino demostrar que sólo son capaces de desarrollar políticas totalitarias que atentan contra la libertad y la dignidad de las personas.En este caso contra una de los estamentos más desvalidos y necesitados de protección en la sociedad: los inmigrantes que lleguen a Cataluña.