La policía ha realizado una investigación "superexhaustiva", nos dice el ministro del Interior, José Antonio Alonso. Algo debe de fallar, cuando los hechos más relevantes los conocemos por medio de las revelaciones de la prensa. Estas declaraciones, no obstante, se produjeron solo unas horas más tarde de que el diario El Mundo destapara un auténtico escándalo relacionado con la investigación policial y que tiene implicaciones políticas muy claras. Emilio Suárez Trashorras confesó a ocho agentes de la policía y el CNI que El Chino era amigo de los miembros de ETA de la "caravana de la muerte". Un nuevo indicio de la participación etarra en los atentados. Esas declaraciones están en un informe que ha desaparecido, y que no ha sido entregado al Juez del Olmo, que instruye el caso en la Audiencia Nacional.

 

Es solo un ejemplo, el último, de cómo las sombras sobre lo ocurrido en torno a los atentados parecen cubrir también la investigación policial y judicial. Abdul Khalek Al Jondi, que se había hablado telefónicamente con los suicidas de Leganés, fue quien realizó la comercialización de varias de las tarjetas telefónicas implicadas en la matanza. No solo la policía no ha seguido la pista de este sirio, sino que un informe de la UCIE achacaba la responsabilidad a Jamal Zougham. En otros informes en los que se pretende inculpar a este último, no hay ni rastro de ADN que lo relacione con la casa de Morata de Tajuña (como se había filtrado falsamente a la prensa), ni huellas, ni llamadas cruzadas...

 

El juez ordenó el 25 de marzo que los testigos B y C participaran en una rueda de reconocimiento con Jamal Zougham y otras personas de características físicas semejantes. Finalmente, la policía le llevó a una rueda en la que él era el único magrebí. A ello hay que añadir que varios imputados han declarado haber recibido amenazas de la policía para que en su comparecencia ante el juez apoyaran la versión oficial de que los atentados fueron a causa de la participación española en Irak tras la guerra. Interior tarda más de un año en enviar al juez ciertos informes, otros desaparecen, pruebas que se evaporan...

 

El jefe de los TEDAX, Sánchez-Manzano, ocultó en los primeros informes enviados al juez que la mochila de Vallecas no había estallado porque había dos cables sin conectar, lo que demostraba que se había colocado para que no estallara. Tuvo que ser un subordinado de Sánchez-Manzano quien le pusiera sobre aviso.

 

Son muchas las sombras en la investigación, los intentos de engañar al juez, los informes que ocultan datos o que desaparecen. La prensa está ejerciendo un contrapeso, revelando datos que están sirviendo para aclarar lo ocurrido. Pero el juez del Olmo prohibió a Pedro J. Ramírez, director del diario El Mundo, informar incluso sobre la parte no secreta del sumario. El periodista ha seguido haciéndolo, alegando su derecho a no revelar las fuentes.