El Tratado de Niza, negociado y firmado en el año 2000, sirvió para pactar el nuevo reparto de poder en la Unión Europea ante su inminente ampliación a 25 socios, e incluso dejó prevista la ampliación a 27 socios, cuando se incorporen Bulgaria y Rumanía. Tras duras negociaciones, España y Polonia lograron un buen acuerdo. España cedió poder en el Parlamento Europeo (pasó de tener 64 eurodiputados a una previsión de 54 en las próximas elecciones), pero consiguió, junto a Polonia, instalarse muy cerca de los "grandes" de Europa. Así, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia no serían los únicos países con capacidad para bloquear decisiones, una vez que consiguieran crear un grupo de pequeños Estados a su alrededor.
Sin embargo, el Tratado de Niza no resolvió el funcionamiento de algunas instituciones, como la Comisión Europea (Ejecutivo). Aquel Tratado tampoco resolvió la redacción de la Constitución europea. Por este último motivo se organizó la Convención Europea: a fin de avanzar en la redacción de una Constitución para la Unión Europea ampliada a 25 socios. No obstante, la misión de la Convención nunca fue la de reabrir lo ya pactado en Niza, sino la de limitarse a elaborar un texto constitucional.
A tenor de los vaivenes de la política internacional en los últimos años, el eje franco-alemán, no contento con el peso creciente que había tomado España, decidió frenarlo. Para ello, Francia y Alemania colocaron como presidente de la Convención al ex presidente francés Valery Giscar D'Estaing, ferviente detractor de España. Sin que muchos se dieran cuenta, el francés, dentro de la Convención, decidió reabrir el debate de la cuota de poder para garantizar la hegemonía de los cuatro grandes, pero sobre todo a Francia y Alemania. Lo acordado bajo el dictado de Giscar D'Estaing es lo que ahora se quiere imponer a España y Polonia, que insisten en que se mantenga lo ya pactado en Niza. La propuesta de la Convención deja de lado el sistema ponderado de votos en el Consejo Europeo y propone uno alternativo de doble mayoría. Bajo este sistema, para obtener una mayoría cualificada en el Consejo debe ser apoyada por el 55 por ciento de los países y el 65 por ciento de la población.
España y Polonia consideran que, si se mantiene el 60 por ciento de la población, salen perdiendo respecto a Niza y el poder de decisión de la Unión Europea quedaría en manos de los cuatro países grandes. Además, en el Consejo de Ministros de Economía (Ecofin), no participa el Reino Unido, de modo que Francia y Alemania, uniéndose, tomarían unilateralmente todas las decisiones económicas de la Unión Europea. En este contexto hay que recordar que estos dos países son, precisamente, los mismos que se han saltado el Pacto de Estabilidad sin ser castigados por las instituciones europeas.
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