La responsabilidad civil del Estado  La noticia que publicó en portada El País a cuatro columnas, al final quedó en nada. El periódico del Grupo Prisa titulaba así: "Víctimas del 11-M piden la condena del Estado como responsable civil directo". Aunque se expresaba en plural, únicamente era el abogado Gonzalo Boye, que representa a dos víctimas, quien lo solicitaba. Ahora ni eso. El letrado, que fue condenado por colaborar con ETA en el secuestro de Revilla y que en la actualidad ejerce también la defensa de una etarra del grupo Donosti, retirará la solicitud de responsabilidad civil directa al Estado. La noticia se conoció en es cuadragésimo primera sesión, la misma en la que trascendió que el acuerdo de las acusaciones para solicitar una indemnización de un millón de euros por cada fallecido en los atentados.La sesión se abrió con una nueva llamada de atención de Gómez Bermúdez al procesado Zouhier. Además, dos peritos admitieron que una de las bolsas en las que según la Fiscalía se transportaron los explosivos desde Asturias a Madrid pudo en realidad haber contenido hachís. Otras dos expertos constataron "mínimas diferencias" entre la mochila de Vallecas y la que les entregaron como muestra patrón. De esta última dijeron que no saben de dónde procedía. Además, el abogado de Suárez Trashorras consiguió que los peritos admitieran que no se pueden certificar los supuestos viajes del ex minero a Madrid a partir del registro de peajes pagados con su tarjeta de crédito. Lo más llamativo es que los peritos dieron por válida la versión según la cual tres personas subieron a la mina el 28 de febrero de 2004. Lo hicieron pese a que el lugar era casi inaccesible y que la nevada era casi histórica. Pero no consiguieron su propósito una vez sino que fueron dos. Llegados arriba, cargaron cada uno con 45 kilos de explosivos y bajaron. La teoría de la conspiración refutada, por Luis del Pino |