LD (Europa Press) El Ejecutivo comunitario responde así positivamente a una solicitud de ayuda enviada por las autoridades españolas que cubría a un total de 1.082 trabajadores que han sido despedidos por doce empresas automovilísticas en Castilla y León y Aragón.

Sin embargo, los fondos se concentrarán finalmente sólo en los trabajadores despedidos por Lear Corporation y Nachi Industrial. El motivo es que para el resto de empresas afectadas en Castilla y León no se alcanzó un acuerdo entre los interlocutores sociales para elaborar un plan de recolocación de los parados.

En el caso de Aragón, no se conceden ayudas porque las autoridades regionales no tenían fondos disponibles para cofinanciar la aportación del Fondo de Adaptación a la Globalización, según informó la Comisión.

Ahora, el Parlamento Europeo y los Veintisiete deben todavía aprobar la liberación de los fondos. Se trata de la segunda ayuda que recibe España con cargo al Fondo de Adaptación a la Globalización tras los 10,5 millones de euros concedidos a los trabajadores afectados por el cierre de la planta de Delphi en Puerto Real (Cádiz).

La industria europea del automóvil está acusando el impacto del cambio que se ha producido en la demanda y en los esquemas de producción, ya que los fabricantes buscan lugares en donde fabricar sus automóviles y camiones resulte más barato.

Este es el caso de Castilla y León y Aragón, las dos regiones españolas afectadas, para las que se ha pedido al Fondo que cofinancie las actividades del Estado miembro para que los trabajadores despedidos encuentren un nuevo empleo", señaló el comisario de Empleo, Vladimir Spidla, en un comunicado.

La solicitud española se refería a un total 1.082 trabajadores despedidos por doce empresas: seis de ellas de Castilla y León y otras seis de Aragón. Por lo que se refiere a Castilla y León, se trata de Lear Corporation (318 despidos) y Nissan Motor Ibérica (46) en Ávila; Nachi Industrial en Salamanca (82); Grupo Antolín (29) y Valeo Plastic Omnim (7) en Villamuriel de Cerrato (Palencia); y Benteler España (6) en Burgos.

En Aragón los despidos se concentran en Delphi Packard España (320) en Tarazona; Automotive Connections and Equipments (44) en Ejea de los Caballeros; Auxiliar de Componentes Eléctricos (107) en La Puebla de Alfinden; Faurecia Automotive España (75) en Figueruelas, Zaragoza; Caravanas Moncayo (14) en Villanueva de Gallego; y Joint Camping Car (34) en Cabanos de Ebro, Zaragoza.

En el caso de tres de estas empresas, los despidos son consecuencia directa de la deslocalización de la producción hacia terceros países (Marruecos, Turquía y Taiwán). Por lo que se refiere a las otras nueve, los despidos se deben a un aumento de las importaciones en la UE de automóviles y repuestos y a un descenso de la cuota de mercado de la UE en lo que respecta a la fabricación de vehículos de motor, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El coste total estimado del paquete de ayuda del Fondo de Ajuste a la Globalización -que incluirá orientación, preparación profesional individualizada, formación general y específica, apoyo a la reintegración por un equipo especializado, incentivos para contribuir a la búsqueda activa de trabajo e incentivos para la reintegración rápida en el empleo- es de 3,4 millones de euros, de los cuales se ha pedido a la Comisión que financie 1,7 millones.

Hasta el momento, el Fondo ha recibido 15 solicitudes. Doce de ellas se han abonado íntegramente: en total, 67,6 millones de euros que han prestado asistencia a más de 15.000 trabajadores. La solicitud de Castilla y León y Aragón es la quinta de la industria del automóvil que la Comisión ha aprobado para su presentación al Parlamento Europeo y al Consejo. Las otras solicitudes proceden de la telefonía móvil y de la industria  textil.

El Fondo puede proporcionar una contribución financiera en los casos de despido de más de 1.000 trabajadores de una empresa, de una región o de un sector, que se hayan producido como consecuencia de importantes cambios estructurales en el comercio mundial que hayan dado lugar a un incremento sustancial de las importaciones o a un rápido descenso de la cuota de mercado de la UE.

Su dotación anual es de 500 millones de euros. En diciembre de 2008, el Ejecutivo comunitario propuso flexibilizarlo para que pueda funcionar como "instrumento de intervención rápida" como parte de la respuesta de Europa a la crisis financiera y económica.