(Libertad Digital) En plena crisis económica y financiera, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha pedido a la Agencia Tributaria que adopte un conjunto de medidas de "choque" que permitan aliviar el fuerte endeudamiento de las familias y el grave problema de liquidez que afecta a las pequeñas y medianas empresas.

 

Este paquete de medidas, que deben ir orientadas a reducir la "asfixia" que padece el contribuyente y el alto índice de morosidad, pasarían por adoptar "políticas excepcionales" que favorezcan la liquidez y el pago de la deuda pendiente a través de la disminución de las exigencias de garantías, la flexibilización de los plazos de pago y la reducción de los tipos de interés que deben abonarse cuando se solicita un aplazamiento.

 

 

Según este colectivo, la Agencia Tributaria, en lugar de ayudar a los contribuyentes reformando los procedimientos tributarios, ha empeorado aún más su situación al denegar, por primera vez, las solicitudes de aplazamiento del pago durante esta Campaña de la Renta, permitiendo sólo efectuar el abono "estándar" del segundo plazo –que viene a representar el 40 por ciento de la cantidad total a desembolsar, sin intereses ni garantías– en el mes de noviembre.

 

En declaraciones a Libertad Digital, José María Mollinedo, responsable de Relaciones Institucionales del sindicato, ha explicado que la restricción a solicitar el aplazamiento del pago del IRPF se basó en una "interpretación forzada" e "incorrecta" de las normas tributarias y no tiene precedentes en la historia de la Administración Tributaria. Según Mollinedo, Hacienda dio instrucciones de que no se permitiera ningún aplazamiento y, ante las críticas recibidas, "modificó su actitud el último viernes de junio antes del fin del plazo de la Campaña de la Renta".

 

 

Casi medio millón de contribuyentes ha pedido al fisco en lo que va de año un aplazamiento de su deuda tributaria que, en total, asciende a 5.300 millones de euros, un 32 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

 

Según Gestha, el importe de las deudas pendientes de cobro de los últimos tres años supone casi dos tercios del total de deudas gestionadas en cada uno de los últimos dos años. Las deudas pendientes a final de 2005 ascendían a 20.912 millones de euros, cifra que se incrementó en cerca de un 7,5 por ciento, hasta los 22.426 millones de euros en 2006, y en un 20 por ciento, hasta los 25.088 millones en 2007.

 

Sin embargo, para este colectivo, este incremento de la deuda pendiente no se debe a la crisis, sino "a la falta de acción de la Agencia Tributaria en la lucha contra los grandes focos del fraude". Gestha denuncia que se practican liquidaciones "masivas y poco depuradas" dirigidas a los contribuyentes medios y fija algunos objetivos "inadecuados" a la Inspección de Hacienda. "Muchas de estas actuaciones son de baja calidad, incrementan las reclamaciones ante los tribunales y reducen las posibilidades de cobro de las deudas".