LD (Ángela Martialay) El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) confía en que la huelga anunciada por varias partidas judiciales en diferentes puntos de la geografía española no va a producirse. Según ha señalado la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, “el Consejo está convencido de que finalmente no habrá huelga”.

Asimismo, Bravo ha lamentado que una "minoría" de la Carrera Judicial "haya manifestado su voluntad de adoptar medidas de presión que entendemos precipitadas y que podrían dejar indefensos a los ciudadanos", en referencia a la huelga del próximo 18 de febrero.

A través de una declaración institucional hecha pública este jueves, el CGPJ añade que "es difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación" en la que el Consejo trabaja juntos con las asociaciones, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas "para modernizar la Justicia". En sentido, la portavoz se ha mostrado optimista de cara a la reunión que el próximo lunes mantendrá el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, con los representantes de las asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente y Asociación Profesional de la Magistratura)

División en las protestas

Por otra parte, desde el órgano de gobierno del Poder Judicial se ha querido destacar que la mayoría de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales (a excepción de las Audiencias de Albacete y Tarragona y el TSJ de Castilla La Mancha) han rechazado secundar los paros del próximo día 18 de febrero. De la misma forma, ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo debatieron siquiera sobre la medida ayer. Este dato muestra una vez más que, a pesar de que las reivindicaciones que la Judicitura hace son comunes y unánimes, existe dos visiones diferentes de afrontar la situación.

Si bien los jueces de Primera Instancia son partidarios de recurrir a los paros, los magistrados de las Audiencias Provinciales y los Tribunales Superiores se muestran más cautos y dan de momento un voto de confianza al Gobierno. Esta disparidad se debe a que la celebración de estas juntas, que no son más que reuniones de jueces donde los miembros de la Magistratura debaten los asuntos internos, no siguen un patrón preestablecido.

Dichas asambleas se llevan a cabo en partidas judiciales a nivel local, provincial y regional y cada una tiene libertad para adoptar la medida que le parezca más conveniente dándose situaciones tan paradójicas como que mientras que los jueces de primera instancia de Gerona han decidido ir a la huelga el día 18, la Audiencia Provincial ha acordado lo contrario. O que mientras que los magistrados de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han rechazado protagonizar un paro judicial, la junta provincial de jueces de Granada se suma a la huelga.