L D (Agencias) Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado José Sierra ha decidido incoar diligencias previas en relación con la denuncia que el pasado día 20 interpuso el secretario general del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria Bolívar, por los seguimientos a los que –según el diario El País– fue sometido el vicepresidente regional, Ignacio González.

 

Antes de ordenar cualquier diligencia, sin embargo, ha pedido a Bolívar que aclare si interpuso la denuncia en nombre sólo de la Comunidad de Madrid o también en el de González, ya que considera que, siendo este último la víctima del supuesto espionaje, debió ser él quien la presentara.

 

El objeto de la denuncia, según consta en el auto del juez, son los hechos publicados por el citado diario, según los cuales González habría sido objeto de "distintos seguimientos parapoliciales en los últimos ocho meses durante una serie de viajes públicos y privados".

 

En la denuncia también se afirma que en los seguimientos fueron utilizadas en algunos casos cámaras ocultas y que se elaboraron informes a los que se incorporaron fotografías y documentos privados, con utilización de información reservada.

 

Añadía que de la información periodística se deriva la posibilidad de que estas conductas se hubieran podido producir respecto a otros altos cargos de la Comunidad de Madrid, por lo que se entiende que concurre un interés general en la averiguación y el esclarecimiento de los hechos, así como de sus responsables.

 

Con carácter previo a ordenar diligencias de investigación, Sierra ha dado a Salvador Victoria Bolívar un plazo de cinco días para que aclare si interpuso la denuncia "únicamente en razón de su cargo, en nombre de la Comunidad de Madrid, o igualmente en nombre y representación de la persona agraviada", a los efectos de lo establecido en el artículo 201 del Código Penal.

 

Este precepto establece que, una vez comprobada la comisión de indicios de delito, debe tener lugar una condición previa para la averiguación de los mismos, como es la "necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal". Como de la denuncia se desprende que la persona agraviada es González, el juez entiende que debió ser él quien necesariamente debió interponer la denuncia.

 

Por lo tanto, agrega el auto, "se hace necesario, cuando los hechos presentan caracteres que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, la incoación de diligencias previas y con carácter previo, requerir al denunciante a fin de que manifieste en el Juzgado el carácter de su intervención".

 

 

El magistrado dará ahora traslado a la Fiscalía de Madrid para que se pronuncie sobre si remite o no las indagaciones realizadas hasta ahora a raíz de las diligencias incoadas el pasado miércoles a instancias de la denuncia del vicepresidente. El Ministerio Público enviará sus actuaciones, siempre y cuando se basen en los mismos hechos que la denuncia de la Comunidad.

 

El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, acordó investigar los hechos para dirimir la existencia de actividad delictiva en las vigilancia de las que fue objeto González. En la causa acumuló la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, por hechos similares.

 

En el marco de las diligencias acordadas, Moix citó a declarar al periodista de El País Francisco Mercado, quien aportó el pasado viernes los partes de seguimientos realizados a Cobo y al ex consejero de Justicia, Alfredo Prada, y un dossier de las vigilancias hechas a González.

 

Tras prestar declaración, Mercado se mostró convencido ante los periodistas de que "quien maneja esto sabe que la información es poder y, a veces, un poder muy sucio necesita dossieres muy sucios para extorsionar, para quitar rivales de en medio, para chantajear y para destruir hogares.

 

Asimismo, dejó claro que su información se apoya "no sólo en documentos", sino en "información de altos cargos de la Consejería de Interior" que le confirmaron los datos obtenidos por otras fuentes. "No sólo hay información documental, sino información de personas de alta relevancia del Gobierno de la Comunidad de Madrid", matizó.