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Noticia publicada el 10-06-2008
LD (Agencias) Los servicios jurídicos del Estado basaron su petición de archivo en la doctrina del "caso Botín", defendida por los magistrados del Tribunal Supremo y que impide la celebración de un juicio a instancia exclusiva de la acción popular, como sucede en el "caso ácido bórico" y como sucedió también en el caso del ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa.
De hecho, el inicio de este juicio se produce después de que el pasado 12 de febrero el tribunal acordase el aplazamiento a la espera de conocer los argumentos del Tribunal Supremo en la sentencia que condenó al ex presidente de la Cámara Vasca Juan María Atutxa con la única acusación de la acción popular.
Teniendo en cuenta estas circunstancias, la Sección Decimoquinta ha decidido "seguir adelante" con el proceso al entender que "se encuentran legitimadas las tres acusaciones populares". "La sentencia del caso 'Atutxa' y del 'caso Botín' son contradictorias en gran medida", indicó el presidente del tribunal, quien añadió que "el estudio conjunto de ambas resoluciones impide fijar una doctrina unitaria".
Barreiro explicó que la sentencia contra el ex presidente de la Cámara vasca "se desvinculó de la 'doctrina Botín' con las consecuencias que ello ha tenido". "Cuando se trata de delitos públicos las acusaciones populares pueden intervenir en el proceso", sentenció.
El tribunal aparta a la Abogacía del Estado
Además, el presidente del tribunal decidió apartar del juicio a la Abogacía del Estado, debido a que "no hay ninguna apoyatura legal que permita su intervención". "Está en una situación ambigua, por lo que a la Sala sólo le queda una opción y es que la Abogacía del Estado no pueda intervenir en el proceso", dijo. La Abogacía del Estado fue considerada como acusación particular pese a que no presentó cargos contra ninguno de los cuatro imputados, hecho que fue impugnado por las acusaciones populares.
De este modo, el tribunal da la razón a las asociaciones que ejercen la acusación popular --Sindicato Manos Limpias, Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT)--, que solicitaron la apertura del proceso al tribunal.
En esta causa se sientan en el banquillo cuatro altos mandos policiales, entre ellos al comisario general de la Policía Científica, Miguel Angel Santano, el secretario general, Pedro Luis Mélida, el jefe de la Unidad de Análisis, José Andradas y el jefe de la Sección de esa unidad, Francisco Ramírez. Todos ellos están acusados de tres delitos de falsedad documental, falso testimonio y, en el caso de Santano, también por encubrimiento.
Según la acusación popular, los acusados ordenaron presuntamente corregir de forma fraudulenta un informe que relacionaba el hallazgo de ácido bórico en el domicilio del procesado por el 11-M Hassan el Haski con la organización terrorista ETA, eliminando la alusión a la banda terrorista. Este juicio, además de hoy, también está previsto para mañana miércoles, el jueves y el próximo martes día 17.
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