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LD (EFE) En la misiva, enviada a Bruselas a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, España insiste en los mismos argumentos que ha defendido desde 2006, cuando se inició el conflicto con la CE por la ampliación de funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
Bruselas considera que las competencias de la CNE contravienen la normativa europea y sistemáticamente se ha opuesto a las decisiones adoptadas por el regulador energético o el Ministerio de Industria al amparo de las nuevas funciones (las condiciones impuestas a E.ON y a Enel-Acciona para adquirir Endesa en 2006 y 2007, respectivamente).
Por el contrario, el Gobierno español cree que las competencias de la CNE tienen encaje en el derecho comunitario y considera que los requisitos que se han impuesto con motivo de las opas sobre Endesa se ajustan a la legislación europea, son necesarias y proporcionales y persiguen garantizar el suministro energético.
Después de casi dos años de disputa las posiciones de Bruselas y Madrid permanecen invariables, por lo que previsiblemente el conflicto llegará hasta el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, tal como ha avanzado en varias ocasiones el titular español de Industria, Joan Clos.
El último episodio de la disputa ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando la Comisión Europea se ratificó en su opinión sobre los requisitos exigidos a Enel y Acciona para adquirir Endesa y pidió su retirada antes del 10 de enero. España ha apurado el plazo y ha remitido la carta de contestación al requerimiento este mismo jueves.
Bruselas considera que las competencias de la CNE contravienen la normativa europea y sistemáticamente se ha opuesto a las decisiones adoptadas por el regulador energético o el Ministerio de Industria al amparo de las nuevas funciones (las condiciones impuestas a E.ON y a Enel-Acciona para adquirir Endesa en 2006 y 2007, respectivamente).
Por el contrario, el Gobierno español cree que las competencias de la CNE tienen encaje en el derecho comunitario y considera que los requisitos que se han impuesto con motivo de las opas sobre Endesa se ajustan a la legislación europea, son necesarias y proporcionales y persiguen garantizar el suministro energético.
Después de casi dos años de disputa las posiciones de Bruselas y Madrid permanecen invariables, por lo que previsiblemente el conflicto llegará hasta el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, tal como ha avanzado en varias ocasiones el titular español de Industria, Joan Clos.
El último episodio de la disputa ocurrió el pasado 5 de diciembre, cuando la Comisión Europea se ratificó en su opinión sobre los requisitos exigidos a Enel y Acciona para adquirir Endesa y pidió su retirada antes del 10 de enero. España ha apurado el plazo y ha remitido la carta de contestación al requerimiento este mismo jueves.
Las disputas entre el ejecutivo comunitario y el español no tienen consecuencias prácticas para las empresas, ya que Enel y Acciona han aceptado las condiciones dictadas por Industria y los expedientes abiertos no afectarán a una operación ya cerrada (Enel y Acciona tomaron el control efectivo de Endesa el pasado mes de octubre).
