El 18 por ciento del agua potable se pierde por fraudes y fugas en la red

LD (Lorenzo Ramírez) En concreto, el volumen no registrado supone el 19% del agua distribuida, es decir, que existen  más de 870 hectómetros cúbicos (870.000 millones de litros) al año no pasan por los contadores de los hogares y las empresas, lo que equivale aproximadamente al volumen de agua que contienen 450.000 piscinas olímpicas o al consumo total de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) durante un año y medio.

Esta cifra pone en duda la eficiencia del sistema hidrológico nacional, ya que España está atravesando la peor sequía de los últimos 60 años. A pesar de las lluvias de la pasada primavera, el año anterior pasó a la historia como uno de los más secos desde que se inició el cálculo de las precipitaciones en 1947.

 

De hecho, en los últimos cuatro años el precio medio del agua se ha disparado un 58,4%, pasando de 77 céntimos de euro por metro cúbico en 2001 a, más de 1,22 euros de media en 2005 (último año para el que hay datos disponibles), según las estimaciones de la patronal AEAS. Los datos del INE sitúan el precio medio en los 0,98 euros por litro.

A pesar de este notable incremento, los expertos coinciden en señalar que una parte del problema de la escasez está precisamente en el precio, al considerar que el agua es barata en España, lo que fomenta el despilfarro por los hogares y los propios consistorios. Por ello, desde la patronal se reclama una mayor concienciación por parte de los ciudadanos, porque “aunque llueva en otoño y en invierno la sequía no se ha acabado”.

Los precedentes comunitarios y nacionales relativos a los servicios relacionados con el agua distinguen tres mercados: distribución, que abarca desde la obtención en las fuentes de suministro hasta su llegada al consumidor final incluyendo captación, transporte y potabilización ; el mantenimiento de las redes de alcantarillado; y la depuración.

 

Estas tres actividades conforman lo que se conoce comúnmente como el ciclo integral del agua. En España, el sector se encuentra regulado, dada la consideración del agua como un bien de dominio público de titularidad estatal, cuyo uso está subordinado al interés general y requiere de autorización y concesión por parte de los ayuntamientos para ser explotado por las empresas, tanto públicas como de carácter privado.

Por ello, tal como indica la Ley de Bases del Régimen Local, el abastecimiento de poblaciones es un servicio esencial, reservado a las entidades municipales, de prestación obligatoria y sujeto a concesión de dominio público. En cuanto a la titularidad del servicio, los consistorios pueden prestarlo en forma de gestión directa (la propia entidad mediante organismo autónomo o sociedad mercantil) o indirecta (mediante concesión, empresa mixta, arrendamiento o concierto). Sólo si el ayuntamiento opta por la gestión indirecta, se produce la entrada de empresas que compiten entre sí.

El hecho de que los ayuntamientos estén reclamando medidas adicionales de financiación, para evitar cargar a las familias con un aumento de la presión fiscal, hace más necesario controlar el volumen de agua que se pierde en la red, según los expertos consultados, ya que los 900 millones de euros que se evaporan equivalen al doble de la recaudación anual de Madrid por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

El concepto de agua no registrada en la red de distribución es la partida en la que el INE engloba a la totalidad de las pérdidas , pero no sólo hace referencia a las fugas, sino que incluye otras variables, como el volumen que se deja de contabilizar por roturas provocadas por las obras, el empleado en la propia limpieza de las tuberías y la falta de precisión de los contadores.

Precisamente en AEAS consideran que existe una importante cantidad de agua en los hogares que no se factura porque los sistemas de medición no pueden detectarla, por ejemplo, la que se pierde por las cisternas que están en mal estado.

Caso aparte es la existencia de empresas y particulares que realizan acometidas ilegales en la red para usar el líquido elemento de forma fraudulenta, lo que exime naturalmente de su pago, además de los usos municipales en regadío de parques y jardines, limpieza de calles, trabajos de emergencia como los del cuerpo de bomberos y el suministro de algunos edificios institucionales. Para la patronal del sector, “la tecnología va avanzando de forma notable, pero es imposible conseguir la eficiencia óptima”.

Desde principios de los años noventa, con el inicio de los sistemas de lectura de medidores por radiofrecuencia, las empresas de suministro de agua han tenido como principal objetivo la obtención de una lectura totalizada para realizar la correspondiente facturación.

Los adelantos en estos sistemas amplían la capacidad de lectura de los medidores que incluyen la tecnología de radiofrecuencia móvil, con los que se facilita la localización de las fugas.

 

Este es el sistema más avanzado en la actualidad y permite, a través de un receptor externo, realizar lecturas exactas y localizar si existen medidores inactivos, para poder luchar contra el robo de agua mediante acometidas en la red.

 

Por otra parte, existen técnicas electroacústicas basadas en la instalación de sensores que detectan los ruidos que se producen en las tuberías y analizan sus causas, enviando la información al usuario vía radio o a través de una conexión por cable. En lo referente a la reparación, la única forma de solventar los problemas es realizar una intervención mediante martillos neumáticos o herramientas similares y, después, soldar.

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