Un perito de la SGAE se niega a responder a acusaciones de falsificación y tráfico de influencias

(Libertad Digital) El juzgado de instrucción número 26 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada por Apemit contra tres entidades que gestionan los derechos de autor (SGAE, AIE y Agedi) y el perito contratado por la primera de ellas para evaluar qué productos era idóneos para grabar obras originales y, por lo tanto, pagar el canon, desde años antes de que la nueva Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento establecieran los dispositivos y las cuantías.

El perito contratado por la SGAE, catedrático en ingeniería de sistemas y robótica en la Universidad Politécnica de Madrid, está imputado por un posible delito de "falsificación de documentos oficiales, usurpación de funciones públicas, tráfico de influencias y manipulación para alterar el precio de las cosas". La juez está investigando si utilizó de forma fraudulenta el sello y los papeles oficiales de la Universidad cuando estaba haciendo un trabajo privado para una entidad que le habría pagado por ello.

Pese a que Aracil sí contestó ante la juez la semana pasada, reconociendo estar informado de los hechos que se le imputan, se ha negado a contestar a ninguna de las preguntas del abogado de Apemit, Josep Jover.

La SGAE empleaba los informes de este catedrático para defender su postura en sus demandas contra tiendas de informática por no pagar el canon. Antes de la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual no existía canon digital propiamente dicho, pero eso no impedía a las entidades de gestión exigir cantidades astronómicas a las tiendas de informática, empleando para ello las armas legales que se pusieron en una época en que sólo había cintas analógicas de vídeo y audio.



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