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Noticia publicada el 20-06-2008
(Libertad Digital) Según la plataforma Todoscontraelcanon (que reúne a consumidores, internautas y empresas), “el 95 por ciento de los autores y creadores cobra menos canon del que él mismo tiene pagar en el ejercicio de su actividad”.
El nuevo canon digital que acaba de aprobar el Gobierno encarece los productos y soportes tecnológicos en una media del 24,2 por ciento, y algunos como el DVD y CD en más del 40 por ciento”.
De este modo, “el coste del canon para un hogar español le supondrá un sobrecoste anual cercano a los 220 euros”, según denuncia la plataforma. Además, la suma del canon digital generado por el uso de tecnología entre consumidores, empresas y Administraciones Públicas, en el año 2008, en España, puede “suponer la recaudación de un mínimo de 225,8 millones de euros”, añade.
Iniciativa popular ante el Congreso
“El ciudadano, empresas y administraciones públicas pagan más por lo que compran y pagan, en muchos casos, por algo que no va a utilizar puesto que los equipos y soportes se usan cada vez más para aplicaciones y datos de los propios usuarios”, indica esta entidad. Además, “los creadores y autores pagan más de los que se les compensa por este concepto, y sólo cobran los que estén registrados en determinadas entidades privadas de gestión de derecho”.
Por último, “la industria vende menos y se generan, por tanto, menos impuestos derivados de estas ventas que se van a países donde no existe el canon o es menos desproporcionado lo cual conlleva perdida de puestos de trabajo y cierre de negocios”, advierte la plataforma.
Por estos motivos, “nos parece absurdo defender un modelo que empobrece a aquellos a los que quiere compensar, ya que para la mayoría de los autores pagan más canon por su actividad que el que luego reciben de las entidades de gestión. El modelo actual solo beneficia al intermediario y empobrece a toda la sociedad”, según el presidente de Todoscontraelcanon, Miguel Pérez Subías.
La plataforma ha dado a conocer las próximas acciones que van a llevar a cabo y que pasan por impugnar el reglamento publicado en el BOE, ya que contraviene “la letra de la ley al gravar los discos duros de ordenador”, tal y como avanzó Libertad Digital.
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