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"No puede ser que cualquier profesional manual tenga que trabajar respetando las normas DIN y que numerosos aparatos deban pasar una inspección técnica, mientras en los mercados financieros circulan productos por valor de miles de millones sin suficientes reglas de control", afirma Merkel en declaraciones que publica este jueves el rotativo Bild.
La canciller alemana rechaza, sin embargo y tras aprobar un paquete de rescate de 35.000 millones de euros para la financiera inmobiliaria Hypo Real Estate (HRE), garantizar por adelantado a todos los bancos alemanes una amplia ayuda estatal.
De esta manera, se evita "la anulación o el aplazamiento de las operaciones, lo que permitirá apoyar la construcción de viviendas en Francia", indicó el Elíseo en un comunicado. El presidente ha decidido así intervenir de manera "fuerte" para que los programas inmobiliarios en curso puedan finalizarse. La decisión se tomó tras una reunión entre el Sarkozy, el primer ministro, François Fillon, la ministra de Economía, Christine Largarde, y sus homólogos de Presupuesto, Eric Woerth, y de Vivienda, Christine Boutin, informa Efe.
Según algunas fuentes, millones de libras han salido ya de la banca británica para refugiarse en las entidades de ahorro de la isla vecina. El ministro británico de Economía, Alistair Darling, llamó dos veces a su colega irlandés, Brian Lenihan, para señalarle que esa garantía es un problema para la banca británica y podría debilitar a la libra, informa hoy el diario The Guardian.
Lenihan explicó a Darling, según el periódico, que la decisión del Gobierno irlandés no era algo planeado, sino una medida de urgencia para evitar un colapso de su sector financiero. Darling hizo esas llamadas tras recibir indicios de que numerosos ahorradores británicos estaban abriendo cuentas en bancos vinculados a Irlanda.
El ministro británico instó a su colega irlandés a extender la garantía de los depósitos, inicialmente limitada a los seis mayores bancos de ese país, a las entidades británicas que operan allí, entre las que destacan el Royal Bank of Scotland y HBOS.
A última hora del miércoles, Lenihan insinuó que estudiaría la posibilidad de incluir en la garantía a algunos bancos extranjeros con fuerte presencia en Irlanda. La garantía irlandesa cubre los depósitos en los bancos Allied Irish Bank,Bank of Ireland, Anglo Irish Bank, Irish Life & Permanente, Irish Nationwide Building Society y Education Building Society.
En el Reino Unido, tan sólo el nacionalizado Northern Rock, el banco de Correos (Post Office), gestionado por el Banco de Irlanda, y National Savings & Investments, entidad oficial de ahorro, garantizan el cien por cien de los ahorros.
Como consecuencia de esa garantía, muchos británicos están llevando a esas entidades sus ahorros en detrimento del resto de la banca comercial. El Gobierno británico garantiza hasta ahora los depósitos tan sólo hasta 35.000 libras (44.100 euros) aunque el Gobierno pretende elevar eventualmente la protección hasta 50.000 libras (63.000 euros). Se calcula que 1,2 millones de ahorradores británicos tienen depósitos de más de 35.000 libras y que en 600.000 casos ésos superan las 50.000 libras.
Según Merlin Stone, especialista en ahorros de la Bristol Business School, la actual situación se debe en parte a que el primer ministro, Gordon Brown, "es incapaz de comprender cómo piensa el ahorrador medio". "La gente está presa del pánico y cree que el Gobierno no se preocupa de los ahorradores de clase media", explica Stone.
El Ejecutivo de la UE presentó el miércoles su propuesta para modificar la norma que regula los fondos que cada entidad debe tener para garantizar sus riesgos, con el objetivo de reforzar la estabilidad del sistema financiero, reducir la exposición al riesgo y mejorar la supervisión de los bancos que operan en más de un Estado miembro.
Aunque el equipo del comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, lleva meses trabajando en esta iniciativa su presentación llega en un contexto especialmente turbulento para el sector financiero, con numerosas entidades sumidas en crisis y sucesivos anuncios de rescate público para evitar quiebras.
McCreevy señaló que tales propuestas suponen una base a partir de la cual trabajar para aumentar la estabilidad del sistema financiero. Aún así, recalcó que "la situación actual no se debe a la falta de reglas", ya que el sector financiero y el bancario son "lo más regulados".
El comisario reconoció que le hubiera gustado que fuera mayor la cifra del 5 por ciento de los productos financieros estructurados que las entidades financieras deben conservar en sus carteras, y dejó claro que si el Consejo de Ministros y el Parlamento acuerdan una cifra mayor "no tendré ningún problema".
Bruselas es consciente de que las reservas bancarias no pueden cubrir las cuantiosas pérdidas que está provocando la iliquidez y depreciación de complejos productos financieros (derivados) que, de hecho, han provocado la quiebra de importantes entidades.
Para restaurar la confianza en estos productos y mejorar su evaluación por parte de los emisores, plantea obligarles a conservar una parte del riesgo que transfieren a los inversores. A juicio de la Comisión, esta medida contribuirá, entre otras cosas, a normalizar el funcionamiento del mercado hipotecario.
"Lo que intentamos hacer con esta propuesta es de cara al futuro, para que no vuelva a haber crisis de este tipo", afirmó McCreevy. Otra novedad que incluye la propuesta de la Comisión es la creación de "colegios de supervisores" encargados de vigilar a los bancos con presencia transfronteriza.
Para reducir los riesgos asociados a la interconexión entre entidades, propone limitar la exposición a terceros al 25 por ciento de los fondos propios o, para las entidades más pequeñas y menos sofisticadas, como las cajas de ahorro, a 150 millones de euros -la cantidad más alta en cada caso-.
Bruselas considera esta normativa especialmente relevante y espera una tramitación rápida tanto en el Parlamento Europeo como por parte de los Estados miembros, de manera que pueda estar aprobada en la primavera de 2009. Los países deberán trasladar la norma a su legislación nacional antes del 31 de enero de 2010, para comenzar a aplicarla el 31 de marzo.
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