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Noticia publicada el 22-05-2008
L D (EFE) La ayuda internacional recibida por Birmania no llega a muchos de los afectados por el ciclón Nargis puesto que parte es decomisada por las milicias progubernamentales, para luego venderla en los mercados de la antigua capital. A plena luz del día, varios tenderetes tienen apilados sacos de arroz con el emblema de la ONU y las siglas del WFP (Programa Mundial de Alimentos, PMA), según se pudo comprobar en Theingyi Zei, el mayor bazar de Rangún.
Otros puestos venden frutos secos y verduras en cajas que portan el sello "Ayuda del Reino de Tailandia" debajo de grandes pegatinas con imágenes de altos jerarcas de la Junta Militar, entre ellos su máximo líder, el general Than Shwe.
Mientras, decenas de cooperantes extranjeros del PMA esperan en Bangkok a que las autoridades birmanas les concedan un visado para viajar a las zonas devastadas por el ciclón, donde más se les necesita, los acérrimos del régimen y los comerciantes se lucran del material de emergencia donado por la comunidad internacional.
Otros puestos venden frutos secos y verduras en cajas que portan el sello "Ayuda del Reino de Tailandia" debajo de grandes pegatinas con imágenes de altos jerarcas de la Junta Militar, entre ellos su máximo líder, el general Than Shwe.
Mientras, decenas de cooperantes extranjeros del PMA esperan en Bangkok a que las autoridades birmanas les concedan un visado para viajar a las zonas devastadas por el ciclón, donde más se les necesita, los acérrimos del régimen y los comerciantes se lucran del material de emergencia donado por la comunidad internacional.
Precios duplicados y represión
Antes de que Nargis arrasara hace tres semanas el sur de Birmania, un bol de arroz, la ración diaria habitual de una familia de cinco personas, costaba 800 kyat. Sin embargo, a los pocos días de la catástrofe, la escasez y el temor a una falta de abastecimiento duplicó su valor hasta los 1.600 kyat (1,70 dólares), pese a que cerca de la mitad de los 53 millones de birmanos subsiste con menos de un dólar al día. "El arroz extranjero es más caro porque es fresco, no se está pudriendo como el resto", explica una anciana que no quiso revelar su nombre por temor a los militantes de la Asociación para el Desarrollo y Solidaridad de la Unión (USDA), grupo paramilitar al que acusó de traficar con la ayuda humanitaria.
Todo ello en medio de la represión de la junta para intimidar a opositores e informar de cualquier actitud subversiva, con sus 24 millones de afiliados patrullando las calles armados con porras para golpear a estudiantes, activistas y, tras las manifestaciones a favor de la democracia del pasado septiembre, también a los monjes budistas, antaño intocables.
Desde que comenzó a llegar a cuentagotas la ayuda, las ONG aseguran que sus convoyes tienen muchas dificultades para trasladar alimentos y medicinas al delta, y denuncian que en ocasiones sus trabajadores se han visto obligados a entregar parte del cargamento al Ejército, como si de un peaje se tratara. El Gobierno lo niega y atribuye las acusaciones a "noticias dañinas y falsas" de los medios de comunicación extranjeros, que quieren "socavar la soberanía nacional" aliados con la Liga Nacional por la Democracia, liderada por Suu Kyi.
La Junta Militar insiste en seguir distribuyendo la ayuda con su propio criterio dejando así clara su escala de prioridades, mientras decenas de miembros de seguridad, algunos de paisano, escudriñan a cada extranjero a ambos lados del Theingyi Zei.
Hasta ahora, al menos 78.000 personas han perdido la vida a causa del ciclón, según el último recuento oficial, aunque la ONU eleva la cifra por encima de los cien mil fallecidos y calcula dos millones y medio de afectados, a los que a menos de 500.000 les ha llegado la ayuda internacional.
Antes de que Nargis arrasara hace tres semanas el sur de Birmania, un bol de arroz, la ración diaria habitual de una familia de cinco personas, costaba 800 kyat. Sin embargo, a los pocos días de la catástrofe, la escasez y el temor a una falta de abastecimiento duplicó su valor hasta los 1.600 kyat (1,70 dólares), pese a que cerca de la mitad de los 53 millones de birmanos subsiste con menos de un dólar al día. "El arroz extranjero es más caro porque es fresco, no se está pudriendo como el resto", explica una anciana que no quiso revelar su nombre por temor a los militantes de la Asociación para el Desarrollo y Solidaridad de la Unión (USDA), grupo paramilitar al que acusó de traficar con la ayuda humanitaria.
Todo ello en medio de la represión de la junta para intimidar a opositores e informar de cualquier actitud subversiva, con sus 24 millones de afiliados patrullando las calles armados con porras para golpear a estudiantes, activistas y, tras las manifestaciones a favor de la democracia del pasado septiembre, también a los monjes budistas, antaño intocables.
Desde que comenzó a llegar a cuentagotas la ayuda, las ONG aseguran que sus convoyes tienen muchas dificultades para trasladar alimentos y medicinas al delta, y denuncian que en ocasiones sus trabajadores se han visto obligados a entregar parte del cargamento al Ejército, como si de un peaje se tratara. El Gobierno lo niega y atribuye las acusaciones a "noticias dañinas y falsas" de los medios de comunicación extranjeros, que quieren "socavar la soberanía nacional" aliados con la Liga Nacional por la Democracia, liderada por Suu Kyi.
La Junta Militar insiste en seguir distribuyendo la ayuda con su propio criterio dejando así clara su escala de prioridades, mientras decenas de miembros de seguridad, algunos de paisano, escudriñan a cada extranjero a ambos lados del Theingyi Zei.
Hasta ahora, al menos 78.000 personas han perdido la vida a causa del ciclón, según el último recuento oficial, aunque la ONU eleva la cifra por encima de los cien mil fallecidos y calcula dos millones y medio de afectados, a los que a menos de 500.000 les ha llegado la ayuda internacional.
