Carmen Iglesias: "No nos preocupa el castellano sino que se conculquen derechos"

LD (EFE) Los intelectuales que prepararon el escrito en contra de la inmersión lingüística lo han presentado este lunes "El manifiesto por una lengua común" y que pretende reivindicar la importancia del castellano como lengua común y su posición asimétrica respecto al resto de lenguas oficiales, al ser la "universalmente oficial" de todo el Estado.

 

Durante la presentación, una de las firmantes, la historiadora Carmen Iglesias ha indicado que "todo el mundo" está preocupado y descontento con la política lingüística y que es importante que la sociedad civil se movilice. "No estamos preocupados por el castellano, que hablan 450 millones de ciudadanos, sino porque se están conculcando derechos".

 

En su opinión, la inmersión lingüística que practican las comunidades autónomas va acompañada "de una historia falseada" y "de unos odios a lo que no es lo propio y a donde no se ha nacido".

 

Por su parte, Fernando Savater ha señalado que los firmantes solicitan al Parlamento las modificaciones o esclarecimientos de la Constitución y de los Estatutos de autonomía para garantizar "en todos los campos y en todo el territorio nacional" los derechos de quienes opten por el castellano.

 

Ha asegurado que son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, y no los territorios o las propias lenguas, y ha reconocido que las autoridades regionales quieren que sus ciudadanos conozcan la lengua cooficial. Ello, ha continuado, no justifica decretar la lengua autonómica como "vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la administración pública".

 

Por todo ello, piden que el Parlamento elabore una normativa, aunque exija modificaciones constitucionales o de los Estatutos, para fijar que el castellano sea la lengua común y oficial de todo el territorio y la única "que puede serle supuesta" a sus ciudadanos. Debe reconocer a todos el derecho a ser educados en esa lengua, sin que la otra nunca sea la vehicular exclusiva, y la no obligatoriedad de los funcionarios a conocer la otra lengua en sus relaciones con los ciudadanos.

 

Carlos Martínz Gorriarán, miembro de UPyD, ha dicho además que el manifiesto se convertirá en una iniciativa de este partido y ha precisado que a 16 millones de ciudadanos "se les está negando la posibilidad" de matricular a sus hijos en castellano.

 

 

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