Salen de la cárcel las empresarias de Orio acusadas de pagar a ETA

L D (Agencias) El auto dictado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 impone a las hermanas, además de la obligación de prestar fianza para acceder a su libertad, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer quincenalmente en el Juzgado.  La razón de que el instructor decidiera el pasado viernes fijar las fianzas se fundamenta, según fuentes jurídicas, en que la investigación judicial de los hechos se encuentra más avanzada y, por lo tanto, la medida cautelar de prisión "debe equilibrarse al estado actual del procedimiento".  

  

Según el auto de prisión dictado por Garzón el pasado 12 de junio, existen indicios de que las hermanas Bruño recibieron sendas cartas entre los años 2003 y 2005 en la que se les pedía en un primer momento 120.000 euros y de forma posterior 30.000 euros. Al parecer, negociaron una rebaja de hasta 6.000 euros, cantidad que finalmente pagaron.  

  

El juez aludía igualmente a la existencia de una carta de agradecimiento remitida a las imputadas una vez efectuados los pagos en la que se detectaron términos que no son habituales en la extorsión a empresarios. En la misiva, se les da las gracias debido a que con esta financiación han contribuido "a la libertad de Euskal Herria" y se les anima a que en el futuro sigan realizando aportaciones económicas.  

  

Garzón considera que el contenido de este documento demuestra, por una parte, la proximidad ideológica de las dos hermanas a ETA y por otra, que disponían de la "vía para continuar colaborando" con la banda terrorista.  El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tomó declaración a las dos detenidas en el marco de la causa en la que investiga la extorsión a empresarios en la que se encuentran imputados, entre otros, el dueño del bar "Faisán" de Irún, Joseba Elosúa, y el dirigente del PNV Gorka Agirre.  

  

María Isabel Bruño Azpiroz figuró como segunda suplente en las listas que la formación Euskal Herritarrok (EH), ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2003 por su subordinación a ETA, presentó en Orio en las elecciones municipales de 1999.  

 

  

Las dos empresarias fueron detenidas en una operación relacionada con la documentación incautada durante el arresto de la cúpula de ETA que se desarrolló el pasado 20 de mayo en Burdeos, que se saldó con las detenciones del número uno de ETA, Francisco Javier López Peña, "Thierry", y los presuntos dirigentes de ETA Ainhoa Ozaeta, Igor Suberbiola y Jon Salaberria.  

  

En el marco de esta investigación, la Guardia Civil también registró dos empresas situadas en las localidades de Usurbil (Guipúzcoa) y Aguinaga (Navarra). La semana pasada se realizaron registros en las sedes de las empresas Sidenor y Laminados de Hierro Marcial UCIN S.A., en la comunidad vasca, siendo detenidos y posteriormente puestos en liberad el consejero delegado de la primera, José Antonio Jainaga y el gerente de la segunda, Jesús Guibert Azkue.

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