Al ser preguntado por su defensa sobre por qué no respondió al fiscal, espetó que el tribunal "esta a miles de kilómetros de la imparcialidad" y que "la sentencia contra ellos está escrita porque la instrucción se ha desarrollado con un objetivo político".
El acusado de dar cobijo a ETA señaló que no espera "ningún tipo de justicia" y se mostró seguro de que el tribunal, que está compuesto por los magistrados Teresa Palacios, Carmen Paloma González Pastos y Juan Francisco Martel, "le va a condenar". Por ello, el ex portavoz de Gestoras, para quien el fiscal solicita 10 años de prisión por pertenencia a ETA, al igual que para el resto de los acusados, decidió renunciar a su defensa, aunque dijo que acudirá todas las veces que le llame el tribunal.
Olano agregó que en el País Vasco "no se respetan los derechos civiles, ni políticos" y que existe un "sistema para mantener la represión". Asimismo, ha declarado que "por la vía de la represión no hay solución" porque, a juicio de Olano, "es necesario respetar la decisión de Euskal Herría a través del diálogo y la negociación". No hizo ninguna mención de condena contra la organización terrorista ETA.
Según el escrito de conclusiones del fiscal, Gestoras Pro Amnistía "es una de las estructuras que forman parte del entramado de ETA" y que fue directamente financiada por ésta "al menos hasta 1991".
El Ministerio Público considera que esta organización ejercía el control de los presos de ETA, actuaba como enlace entre los reclusos de la banda y la dirección de ésta, y aseguraba "el sometimiento a la disciplina orgánica de la banda" de los encarcelados.
Así, los responsables nacionales de Gestoras, junto con Olano, Julen Celarain y Aitor Ángel Jugo, dijeron que "el pueblo vasco no es libre", y el primero de ellos manifestó que la política penitenciaria que "se impone a los presos políticos vascos se basa en el sufrimiento humano".
Por su parte, la única procesada que se encuentra en prisión, aunque por otra causa, María Teresa Díaz de Heredia, señaló que responder a las preguntas de su defensa "es una forma de visualizar el derecho a la pataleta que es lo único que nos queda". El encargado de "Bases democráticas", Joseba Gotzon, reiteró que "el castigo", refiriéndose a la sentencia del tribunal, "ya lo tienen firmado los del PSOE".
En la sesión vespertina, el desarrollo de la vista fue idéntica a la de la mañana y los acusados siguieron renunciando a sus defensas, criticaron la dispersión de los terroristas de ETA encarcelados y el "sufrimiento" que causa a sus familiares. Uno de los procesados, Jon Imanol Beascoa, responsable de la Red Empresarial, acusó al PNV, partido en el que militaba en los años ochenta, de permanecer "impasible" ante los asesinatos del GAL.
Por su parte, el responsable del área de comunicación de Gestoras, Jesús Felipe Arriaga, explicó que la organización es "una auténtica agencia de prensa" porque dan cuentan de "los puntos negros de la democracia española".
Los últimos en declarar fueron los miembros de Askatasuna, organización que el fiscal considera sucesora de Gestoras, quienes quisieron demostrar que "mediante la represión" los Estados español y francés "no van a ningún sitio". En este sentido, Iñaki Loizaga dijo: "este tribunal nos podrá condenar o nos condenará pero no puede juzgar nuestra militancia".
Ante la decisión de los procesados de renunciar a sus defensas, éstas han pedido al tribunal que obvie toda las pruebas solicitadas, salvo una serie concreta de testigos –inicialmente estaban citados más de 200 que reducirán a una veintena– que detallarán en un escrito a la sala mañana.
El juicio se reanudará el próximo lunes con los testigos solicitados por el Ministerio Fiscal y la AVT.
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