En lo que parece más un simulacro de sanción que una sanción propiamente dicha, el Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido suspender cautelarmente de militancia a Manuel Cobo por los insultos dirigidos contra Esperanza Aguirre desde el diario El País. Por lo visto, el Comité de marras no tiene todavía los suficientes elementos de juicio y se va tomar un tiempo más para dilucidar si las injurias del segundo de Gallardón contra la presidenta madrileña deben ser consideradas "graves" o "muy graves" –lo cual estatutariamente conlleva en ambos casos la inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste– o, por el contrario, no merecen castigo alguno que no sea una mera amonestación.

Es evidente, sin embargo, que el Comité de Derechos y Garantías tiene desde hace muchos días, y como cualquier ciudadano, elementos más que de sobra para enjuiciar las inadmisibles calumnias e injurias que Cobo ha lanzado contra Aguirre. La única razón para no haber tomado ya una decisión definitiva es el no querer desairar a un envalentonado Ruiz Gallardón, quien horas antes de que el órgano disciplinario se pronunciara, ya lo desautorizaba advirtiendo que tomara éste la decisión que tomara, él no iba a suspender a Cobo como vicealcalde y portavoz del partido.

Para no tener que enfrentarse a Gallardón –o por no querer hacerlo– el Comité ha optado por una sanción cautelar sin efecto práctico alguno, ya que ni siquiera obliga de manera cautelar a apartar a Cobo de sus cargos. Este resultado, no sólo permite a Esperanza Aguirre seguir sintiéndose justamente desamparada por la dirección de su partido, sino que también constituye un agravio comparativo con respecto a las sanciones tomadas –por muchos menos motivos– contra Ricardo Costa.

Como si la equiparación que hiciera Rajoy entre agresor y agredida no fuera bastante, y como si tampoco lo fuera el hecho de que Cobo, lejos de retractarse, elevara las injurias afirmando haber llegado a "sentir miedo por mí y por mis hijos", Esperanza Aguirre ha tenido que ver como este miércoles la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la criticaba en la radio considerando un "error tremendo" su decisión de no acudir el martes a la reunión del Comité Nacional del partido.

Aun reconociendo como un error, y no como una gentileza, la ausencia de Aguirre –que ésta justificó con el argumento de que sus compañeros pudieran reflexionar con "mayor libertad" sobre un caso en la que ella estaba directamente afectada–, ¿no había determinado Rajoy que las criticas a los compañeros se hacían en el seno del partido? ¿Qué hace, entonces, Cospedal aireando el "tremendo error" de Aguirre ante los micrófonos de Onda Cero y la Cadena Cope? Por otra parte, ¿por qué nadie consideró como un plante, una falta de respeto o un tremendo error la decisión de Camps de no acudir a una reunión anterior del Comité Nacional en el que se iba a tratar el efecto del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana?

Lo más criticable, sin embargo, de este simulacro de sanción contra Cobo es, tal y como apuntábamos, el agravio comparativo que supone respecto a las sanciones impuestas a Ricardo Costa. Éste ha sido sin motivo alguno, no sólo suspendido de militancia, sino también aparatado de todos sus cargos. Y lo ha sido en un momento en el que Costa todavía no ha podido comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías. En el caso de Cobo, ni Rajoy ni el órgano disciplinario trasladaron la menor objeción a sus injurias contra Aguirre hasta que el Comité Regional de Madrid elevó la queja y solicitó su intervención. Sin ni siquiera tomar medida cautelar alguna, el órgano disciplinario convocó para varios días después su comparecencia y, tras ésta, todavía no ha apartado a Cobo de cargo alguno.

Se dirá que la falta de militancia no impide por sí misma la ostentación de determinados cargos de representación. Sin embargo, Cobo no es un independiente a quien, por razón de prestigio y trayectoria profesional, se le ofrece uno de estos cargos. La "independencia" de Cobo es sobrevenida por haber injuriado a un miembro del partido, y el hecho de que, pese a ello, pueda seguir ostentando esos cargos convierte su sanción en una auténtica tomadura de pelo. Una tomadura de pelo que, por lo visto, no resulta "inadmisible" para Mariano Rajoy.